Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Solo la corrupción salva la corrupción. Según la ley, el petitorio de habeas corpus debió haberse presentado en Latacunga. Pero como no les convenía hacerlo allí, fingieron que no conocían dónde estaba preso Glas.
Todo el Ecuador sabía que Glas estaba preso en Latacunga, todos menos el peticionario y su abogado. El juez les hizo el juego y aceptó al trámite el petitorio. ¿Cómo entonces la resolución fue enviada a Latacunga si ninguno de los conjurados decía conocer dónde estaba preso Glas?
Violando la ley, el juez –a quien los ecuatorianos le pagamos un sueldo con nuestros impuestos– procedió luego a manipular la garantía de habeas corpus y dispuso que Glas no siga más en prisión, sino que se presente una vez al mes ante la autoridad. El riesgo de fuga es evidente. La corte provincial de Santa Elena que conocerá de la apelación deberá anular esta sentencia y Glas deberá regresar a Latacunga y deberá presentar su petitorio ante el juez que prevé la ley, y no ante el juez que a él le venga en gana.
A la audiencia que resuelva esa apelación en Santa Elena deberían asistir las máximas autoridades y fundamentar la apelación con todo vigor. En esa apelación está en juego la labor decidida de la ministra fiscal y, en general, nuestro futuro como sociedad. Allí veremos si el Ecuador es una nación viable o si está simplemente condenada al fracaso perpetuo.
¿Qué clase de nación es aquella donde un juez de instancia puede dejar de lado una sentencia dictada por el más alto tribunal de justicia o donde un condenado por atentar contra los fondos públicos puede escoger a su capricho el juez que lo sacará de la cárcel?
Lo grave de todo esto es que el país está lleno de jueces y abogados que trafican casi a diario estas aberraciones. Ya tuvimos a un juez que concedió un habeas corpus “preventivo”. Ahora tenemos algo más grave, como es el que a través de un habeas corpus un individuo que está sentenciado por la Corte Nacional salga alegremente de prisión.
Si esta fórmula funcionó con Glas, ¿por qué entonces no va a funcionar con narcotraficantes, violadores, asesinos o incluso con los otros miembros de la pandilla correísta? Será cuestión de tiempo. Todo lo que necesitarán hacer será viajar a Manglaralto y conseguir un abogado que presente un escrito, preferiblemente el sábado de noche, pidiendo un habeas corpus diciendo cualquier payasada.
Y el juez se lo concederá en minutos. (Sería importante saber si los administradores de la cárcel de Latacunga van a seguir aceptando este tipo de sentencias sin chistar…).
Una de las paradojas de este episodio es que revela, una vez más, cómo las mafias son las grandes beneficiarias de las garantías constitucionales. Como lo señalé en otra columna, León Roldós ha denunciado cómo muchos jueces vienen aplicando las medidas cautelares autónomas a reclamos puramente comerciales e inclusive para perjudicar a la banca pública por parte de poderosos deudores.
E igual cosa sucede con las otras garantías. Todos saben de esta práctica corrupta, pero nadie hace algo. Y mientras tanto nuestro exdictador, convertido en una suerte de embajador regional del criminal de guerra de Putin, sigue muy campante recorriendo el mundo. ¿Qué espera el presidente de la Corte Nacional para cumplir con la ley e iniciar el trámite de extradición? (O)
