Guayaquil, Ecuador
Bodrio, ladrillo, disparate; adefesio, esperpento, despropósito, todo esto y algo más es el informe que la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, de la Asamblea Nacional, ha elaborado para el primer debate de la reforma a la Ley de Educación Superior. Gentes que, si han ido a la Universidad, nunca pasaron por ella, son los autores de este engendro político (pues nada tiene que ver con la academia), que logra algo que se suponía imposible de conseguir: empeorar una ley hecha por el correísmo.
Aunque aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación, esta reforma tiene el sello de Pachakutik. Quien ha logrado incluir parte de su ideario político en la legislación universitaria.
Se puede empezar por cualquier lado, y, en cualquier lado, se encontrará un objetivo político disfrazado de objetivo académico. Así, por ejemplo, la propuesta de creación de “instituciones de educación superior de pueblos y nacionalidades indígenas”. Estas, se dice, tienen un carácter comunitario y como “parte del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, (…) constituyen un mecanismo concreto para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural del Ecuador”. Estas universidades, en consecuencia, no tienen, como las verdaderas, la función de formar profesionales y producir conocimiento científico, sino la misión, claramente política, de apoyar la formación de un tipo particular de Estado: el que defiende Pachakutik.
Las universidades mencionadas, se establece en el proyecto de reforma, deben articular “sus actividades con las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en sus territorios, (y enfocarse en) la recuperación, fortalecimiento, creación y recreación de los sistemas de ciencias, sabidurías, sistemas culturales, epistemologías, tecnologías e idiomas ancestrales de las nacionalidades y pueblos indígenas”.
El relativismo de esta propuesta es patente. Habría, según los miembros de la Comisión de Educación, unas ciencias ancestrales distintas de la ciencia de Occidente, lugar en el que, en el siglo XVII, nace la ciencia moderna: la que ahora nos protege del Covid 19, nos permite explorar Marte y comunicarnos por internet. El planteamiento es peligroso, porque lo que ellos llaman ciencias y sabidurías ancestrales son, a menudo, prácticas e ideas que contradicen los descubrimientos científicos y llevan a la gente a actuar de modo equivocado, sobre todo en cuestiones de salud. Promover la difusión de estos conocimientos con dinero público y aval académico es apartar a la gente de la ciencia y animarla a sustituir la razón por el irracionalismo.
Como, en el fondo, las “instituciones de educación superior de pueblos y nacionalidades indígenas” no son universidades, sus rectores podrán carecer del grado académico de doctor, grado que se requiere para dirigir las universidades comunes y corrientes, siempre y cuando cuenten con una “trayectoria de sabio o sabia reconocida por el CES”. Para los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional parece no haber ninguna discordancia en que una entidad académica certifique trayectorias extracadémicas, y en equiparar la formación científica formal con la formación no científica y anticientífica.
Si alguien insiste en que, aparte de formar profesionales, la universidad debe producir conocimiento científico, está perdiendo el tiempo. La universidad, como consta en el artículo 2 de la propuesta de reforma, de lo que debe ocuparse es de propiciar, como si de elecciones se tratara, “la participación de todas y todos los ciudadanos, sin discriminaciones, desde sus propias visiones, en el proceso de autodeterminación en la producción de conocimientos y tecnologías, con el objeto de contribuir a la solución de los problemas del país, sus regiones y comunidades”. ¿Desde la visión del brujo se produce conocimiento científico? ¿Desde la visión del que cree en “limpias” y en espíritus se pueden resolver problemas técnicos y sociales?
Las funciones de la universidad son cognoscitivas y formativas, no más. Por tanto, no es su función “Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad”. Las universidades tienen un compromiso con la verdad científica, las “sabidurías ancestrales”, en cambio, son, en el mejor de los casos, conocimientos empíricos, más dañinos que eficaces, o subproductos del pensamiento mágico, es decir, saberes falsos.
Aquí no acaba todo. En la propuesta de reforma de la Loes, se establece que el quichua, en tanto “lengua oficial de relación intercultural en la sociedad ecuatoriana”, debe ser “de conocimiento y aprobación en las diferentes especialidades académicas de las instituciones de educación superior del país”. Propuesta sin ninguna base ni utilidad académica. El quichua no es una lengua científica, y la mayor parte, si no la totalidad del conocimiento en las ciencias naturales y sociales, está escrito en lenguas que no son el quichua. Así que la enseñanza obligatoria de este idioma, como otras tantas de las disposiciones de la LOES reformada, tiene una finalidad política, ajustada a las necesidades de organizaciones que nada tienen que ver con la enseñanza universitaria ni con la ciencia.
Uno de los logros de la Revolución Liberal en Ecuador fue la instauración de la educación laica. Pero el laicismo, para los proponentes de la reforma, no es suficiente, pues el estudiante universitario tiene “El derecho a recibir una educación intercultural, democrática, incluyente, diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz”. La manera de lograr esto en las matemáticas, la física o la biología es de dominio exclusivo de los miembros de la Comisión de Educación y de los dirigentes de la CONAIE o de algún antropólogo aficionado a la ayahuasca. El principio de Heisenberg y la igualdad de género en el mundo subatómico es, supongo, un buen título para una conferencia de física inspirada en los principios de la equidad de género.
“Crear programas de prevención orientados a identificar las diferentes formas de violencia (institucional, sexual, psicológica, física, simbólica, patrimonial- económica, emocional)”, como propone la Comisión de Educación de la Asamblea, es un buen objetivo para un ministerio de bienestar social o del interior. Pero no es un objetivo de la educación universitaria ni una función propia del sistema de educación superior.
Como cualquier institución pública, la universidad debe instaurar mecanismos para el control y sanción de la violencia entre sus miembros, pero afirmar que es una función suya “Establecer mecanismos de denuncia y reparación integral en caso de hechos probados que se relacionen a casos de violencia, discriminación y acoso dentro de las aulas”, es confundirla con un juzgado o una comisaría.
En el proyecto de reforma de la Loes hay muchos problemas más, pero quisiera referirme solo a dos de ellos. Por su antijuricidad, el uno, y por su falta de realismo, el otro.
El primero se refiere a la inviolabilidad absoluta de los predios universitarios. Condición que, de aceptarse, convertiría a la universidad en refugio de delincuentes y en centro de protección del delito. “Los recintos de las universidades y escuelas politécnicas que conforman los edificios de la sede y sus extensiones, dice la propuesta de ley, son inviolables y no podrán ser allanados”. Ni con orden judicial, pues, ni cuando sea necesario que las autoridades competentes recaben información relacionada con la perpetración de algún crimen.
La otra disposición establece que “A todas y todos los miembros de la comunidad educativa, que presenten cualquier tipo de discapacidad, se les garantizará (sic) los derechos enunciados en los artículos precedentes, dotando de accesibilidad al medio físico, a la información y comunicación, considerando los apoyos técnicos académicos necesarios y ajustes razonables que deberán ser implementados en el Sistema de Educación Superior”.
En derecho público se puede hacer solo aquello que está escrito. Por tanto, de acuerdo con este artículo, cualquier persona, independientemente del grado y tipo de discapacidad que padezca, tendrá el derecho a ser atendido en la universidad, haya o no haya recursos, sea o no sea posible.
Populismo académico es esto, o, simplemente, populismo. Si este engendro populista e irracionalista es aprobado en la Asamblea Nacional, al presidente de la república no le queda otra opción que vetarlo totalmente.
