Extraditar ecuatorianos

Eduardo Carmigniani

Guayaquil, Ecuador

La Constitución (art. 79) prohíbe tajantemente conceder la extradición de ecuatorianos.

Tan contundente es que usa la frase “en ningún caso”, llegando al absurdo de agregar que -siempre- “Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador”, lo que implica, por ejemplo, que por delitos cometidos en el exterior, jueces ecuatorianos tendrían que aplicar las leyes locales concernientes al procedimiento pero las extranjeras en cuanto a la tipificación del delito en sí, con todas las complicaciones que eso conlleva -piénsese en distintas penas, o distintas circunstancias constitutivas del delito- por no agregar que el Código Integral Penal no otorga capacidad de juzgamiento a nuestros jueces para todas las infracciones cometidas en el exterior, sino que la restringe a “los casos que establecen los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado” (art. 398).

Esto tiene que cambiar. De poco van a servir los esfuerzos que se haga desde el Ejecutivo para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otras mafias paralelas -cuyos delitos no son solo cometidos localmente sino que continúan en cadena hacia el exterior- si el siguiente pilar local, el de la administración de “justicia”, sigue siendo, en general, sino inservible al menos endeble, por no agregar el desastre del sistema carcelario, desde donde siguen mandando los capos locales, cuando llegan a ser apresados.

Precisamente por esto último, poder extraditar ecuatorianos que cometen delitos en el exterior puede convertirse en poderosísima arma para ir desbaratando las mafias locales, pues estando -de verdad- presos fuera del país, los “patrones” perderán contacto y capacidad de mando interno. Además, sería un mensaje a la comunidad internacional, de que el Ecuador, como país, no está dispuesto a cohonestar al crimen organizado.

Hay que emprender, entonces, el camino para extirpar de la Constitución aquella alcahuetería, que hace del Ecuador, ya no isla de paz, sino de refugio de mafiosos, escudados en un armatoste judicial putrefacto y en un sistema carcelario inexistente.

Miembros de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), custodian al ecuatoriano Washington Prado Alava, alias «Gerald» (2d), y a Leonardo Adrián Vera, alias «Thiago» (2i), responsables del tráfico de 250 toneladas de cocaína, hoy martes 11 de abril de 2017, en Bogotá (Colombia). Las autoridades capturaron a dos ecuatorianos y dos colombianos pedidos en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, entre ellos el jefe de la banda, alias «Gerald», informó hoy la institución .EFE/LEONARDO MUÑOZ

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