De haberse dado paso a la petición del asambleísta Juan Cristóbal Lloret del correísmo de invocarse el artículo 130 de la Constitución, en el Pleno se hubieran necesitado al menos 92 votos de los 137 legisladores para destituir al Presidente de la República.
De acuerdo al conteo de votos, la oposición no cuenta con ese número hasta este momento. Lloret justamente la noche del 20 de junio, en un discurso luego de que el Presidente derogara el estado de excepción y lo cambiara por otro, el asambleísta de UNES dijo:
«Hay tres salidas para salir de esta crisis la primera, el mecanismo de diálogo con organismos de naciones unidas y otros sectores; la segunda, activar desde el Gobierno nacional la muerte cruzada; y, la tercera, desde la Asamblea Nacional iniciar el proceso de destitución».
A pesar de que el legislador indicó que esos dos últimos puntos «son legítimamente constitucional donde no se puede hablar de golpismo o conspiración», esta «movida» política fue cuestionada.
Las verdaderas intenciones
El legislador Fernando Villavicencio y precisó que detrás «sí hay una intención de generar un golpismo al Estado de derecho y a la democracia».
Además, cuestionó la procedencia del dinero que proviene del financiamiento al llamado «paro nacional» convocado por Leonidas Iza y dirigentes de la CONAIE. Incluso habló de «cálculos políticos fallidos».
Por otro lado, la Asamblea, desde varias bancadas, negó que se busque destituir al Presidente de la República.
Ante esto, Virgilio Saquicela indicó que la Asamblea puede ser mediadora del diálogo a lo que se opusieron los propios legisladores, entre ellos Ana Belén Cordero del oficialismo al resaltar que:
«Este organismo (la Asamblea Nacional) no posee la legitimidad ante el pueblo ecuatoriano como para algo tan importante como ser mediadora de un diálogo tan importante para el país».
