El Director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, Walter Soriano, reaccionó hoy 29 de julio de 2022, sobre el informe de minoría aprobado por la Asamblea Nacional referente a las reformas a la actual Ley de Comunicación.
«Antes de haber aprobado las reformas, y que éstas estén a un paso de ser vetadas, lo ideal hubiera sido que nos consulten al respecto», dijo el funcionario.
Pues, apegarse a lo que dice la norma tal y como la aprobó el Legislativo implicaría un aumento en el presupuesto y de personal.
Soriano cuestiona que se sigan tratando de crear defensores de audiencias o de lectores.
Por ejemplo, en Pichincha hay en promedio 47 frecuencias, ¿cómo nosotros podemos garantizar derechos si no tenemos el equipo humano adecuado? Si, además, no contamos con el presupuesto para aquello.
En la actualidad hay personal reducido y están colapsados de trabajo. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo sostienen que no es óptimo, en este momento, atribuirles mayor carga laboral ni responsabilidades.
Además, de entrar la norma en vigencia, los defensores de audiencia simplemente detallarían un informe, pero éste sería de carácter no vinculante.
«Si un usuario viene y hace uso de este recurso administrativo, se le dirá al final de calificar el t´ramite, aquí tiene su informe y ahora vaya a la función judicial para continuar con el proceso de su reclamación», dijo el funcionario.
«Incluso, esto estaría atentando ocntra el principio de contradicción porque se nos restringiría y limitaría nuestro accionar ante el ente jurisdiccional», concñuyó Soriano.
Unas reformas que atentan contra la propia Defensoría del Pueblo
Las reformas, también, atentarían contra el principio de independencia y autonomía. Tal y como lo explicó la Defensoría del Pueblo:
«Estas reformas, además, atentarán contra el accionar de la Defensoría del Pueblo como un ente rector», precisó el Director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública.
Según la norma actual, sin la reforma, la Defensoría ya recibe quejas ciudadanas. Pues en 2018, esta entidad, asumió las competencias de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) creada durante el régimen de Rafael Correa.