Quito, Ecuador
Nada hay nuevo bajo el sol. Desde los albores del ciclo de gobiernos civiles que vivimos, no desprovistos de vértigo, desde el 10 de agosto de 1979 a esta parte, la gobernabilidad no es una cualidad en la vida en sociedad de los ecuatorianos.
El contundente triunfo de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado en abril de 1979 dio paso a una primera sorpresa. Assad Bucaram, líder de Concentración de Fuerzas Populares, CFP, el partido que cobijó al juvenil binomio ganador, forjó un acuerdo con fuerzas tradicionales. La entente CFP, con conservadores y liberales llegó a captar los nombramientos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral.
Bucaram fue elegido presidente de la Cámara Nacional de Representantes (poder legislativo unicameral). La pugna de poderes no se hizo esperar y desató tormentas de grueso calibre.
Acuerdos parlamentarios posteriores llevaron a la presidencia de la legislatura a Raúl Baca Carbo, de Izquierda Democrática en dos períodos con representantes desafectados de sus líneas partidistas originales compensado con algún espacio de poder.
Desde aquel arranque farragoso y el aprendizaje del nuevo esquema de gobiernos civiles elegidos en las urnas tras una década de dictaduras (Velasco Ibarra, Rodríguez Lara y la Junta Suprema de Gobierno), la relación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo no ha sido llevadera. Es más, solamente en dos períodos el presidente de la República en funciones ha tenido apoyo de una mayoría en el Congreso.
Rodrigo Borja, de Izquierda Democrática logró conformar un acuerdo parlamentario con Democracia Popular y El Frente Amplio de izquierda, FADI, que llevó a la presidencia de la legislatura a Wilfrido Lucero.
Luego, y mediante el método matemático de asignación de escaños conocido como D’Hont, Alianza País con Rafael Correa logró un bloque parlamentario considerablemente mayor al porcentaje de los votos alcanzados.
Entonces la gobernabilidad careció de debates internos de AP, con el comportamiento obediente de los legisladores ‘alzamanos’, quienes sacrificaron sus propios criterios y alguna vez hasta algún principio para someterse a la voluntad del líder y a los dictados de Carondelet.
Con el advenimiento del Presidente Guillermo Lasso, los sucesos de dominio público han mostrado que la relación Ejecutivo y legislativo es compleja y la gobernabilidad, esquiva.
Un primer acuerdo de mediados de mayo de 2021 daba cuenta de una entente donde el partido oficial, CREO, junto con su aliado en ambas vueltas electorales, el Partido Social Cristiano, PSC, establecían una alianza con UNES. Fue conocido en los corrillos parlamentarios y en los mentideros políticos que ese acuerdo entrañaba la conformación de una Comisión de la Verdad. La sospecha de buscar una revisión política de las actuaciones de la Justicia de varios casos de corrupción sentenciados y con acusados de alto nivel, prófugos o encarcelados se advertía como un asalto a la razón y un nuevo atentado contra la independencia de poderes.
No se concretó dicho acuerdo. Una maniobra política de Creo llevó a un entendimiento con Pachakutik, Izquierda Democrática y creció una nueva bancada oficialista frágil. Así se eligió a Guadalupe Llori de Pachakutik como presidenta de la Asamblea Nacional.
La relación Ejecutivo – Legislativo empezó a hacer agua cuando el Presidente envió una Mega Ley que el Consejo de Administración de la Legislatura no permitió pasar a debate. En enero de este año la ola creciente de asambleístas que buscaban defenestrar de la presidencia de la Asamblea a Guadalupe Llori fue tomando forma y surgió otro acuerdo parlamentario donde el correísmo, una fracción de Pachakutik rebelde, un grupo de disidentes de ID y el PSC, consiguieron su propósito, luego fueron por el cargo de Yesenia Guamaní (entonces segunda vicepresidenta).
Los entendidos aseguran que el plan es seguir adelante con una fiscalización sin piedad, en la que ya están a la cola tres vocalías del Consejo de la Judicatura, y del Consejo de Participación Ciudadana. Buscarían reconfigurar instituciones y captar los organismos jurídicos y de control.
La democracia requiere estabilidad, independencia de los organismos de control respecto del poder político, competencia académica y probidad absoluta. De lo contrario la falta de gobernabilidad nos puede sumir en un caos de perturbación institucional más grave aún del que estamos viviendo. Ni la democracia ni las grandes causas populares ni la supervivencia de la república están a salvo.
