El Estado de Ecuador reconoció este jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad internacional por el cese del exvocal del Tribunal Supremo Electoral Carlos Julio Aguinaga Aillón, ocurrido en el año 2004.
«A la luz del marco fáctico expuesto en esta audiencia y de acuerdo al principio de buena fe, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en perjuicio del señor Carlos Aguinaga», declaró la agente estatal, María Fernanda Álvarez
Álvarez, quien encabezó la delegación del Estado ecuatoriano este jueves en una audiencia virtual ante la CorteIDH, dijo que el reconocimiento de responsabilidad se presenta en virtud de «la cesación del cargo como vocal mediante resolución del Congreso y la falta de un mecanismo de impugnación».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que presenta los casos a la CorteIDH, y la representación de la víctima, valoraron positivamente el reconocimiento del Estado pero lo calificaron como «parcial».
En su declaración ante los jueces, Aguinaga pidió una condena contra el Estado, pues considera que su destitución fue arbitraria y con motivos políticos.
Aguinaga fue separado de su cargo por el Congreso mediante una resolución con la que también destituyó a los otros miembros del Tribunal Supremo Electoral, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En una audiencia virtual ante la CorteIDH, Aguinaga dijo que la resolución del Congreso tuvo «fines netamente políticos» y que fue contraria a la ley, ya que no hubo un juicio político ni se le permitió defenderse.
Aguinaga afirmó que su destitución fue una represalia por las sanciones que el tribunal electoral impuso por irregularidades en el financiamiento de la campaña política del partido Sociedad Patriótica del entonces presidente, Lucio Gutiérrez.
El exfuncionario judicial expresó su confianza en la CorteIDH y pidió «la reparación» de sus derechos vulnerados e indemnizaciones por el daño material e inmaterial que ha sufrido.
Aguinaga solicitó que con la sentencia «el Estado se comprometa a no volver a romper el Estado democrático y las reglas de convivencia democrática y no afectar, por medio de altos políticos, la dignidad y honradez de las personas».
Jorge Meza, secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, expuso ante la CorteIDH que el Estado es responsable por violar los derechos a contar con una autoridad competente, al principio de legalidad y a la garantía de defensa, todo enmarcado en una «afectación a la independencia judicial».
El caso «se presentó en un contexto de conflictividad política en el que el Congreso no solo cesó a los integrantes del Tribunal Supremo Electoral, sino también a los integrantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia», apuntó.
Meza aseguró que el Congreso «actuó sin competencia», pues «no tenía atribución para ejercer control del nombramiento de la víctima» sin un juicio político.
«La víctima fue cesada de manera arbitraria, sin que pudiera preparar y ejercer el derecho de defensa», agregó Meza.
A partir de este jueves, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y luego la CorteIDH emitirá una sentencia en los siguientes meses. EFE