Luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) colocara una medida cautelar para evitar que el edificio de la Escuela de Policía fuera demolido, esta petición fue aceptada, en un juzgado de Carcelén, al norte de Quito.
Por esta razón, no podrá ser demolido el establecimiento tal y como lo habría ofrecido el Presidente Guillermo Lasso. Esta decisión la tomó como medida de reparación simbólica por la muerte de la abogada de 34 años.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó la medida cautelar ya que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) «prohíbe demoler un bien que está involucrado en un hecho delictivo hasta que haya sentencia. Esto fue acogido por la jueza, por lo que se requerirá una sentencia para determinar si hay o no demolición».