La Corte Nacional de Justicia (CNJ) confirmó ayer, 19 de octubre de 2022, una sentencia condenatoria contra el asambleísta Mariano Curicama. El tribunal estuvo conformado por los jueces Daniella Camacho, Felipe Córdova y Byron Guillén, declaró improcedente un recurso de casación interpuesto por el legislador. Sin embargo, el asambleísta indicó hoy, 20 de octubre de 2022, que se mantendrá en su curul, mientras no se ejecute su condena a un año de cárcel por incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.
Así lo dijo mientras estaba acompañado de su abogado. El legislador anunció que presentará la aclaración y ampliación, entre otros recursos, a la sentencia que le fue ratificada por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el martes 17 de octubre.
«Yo voy a estar aquí hasta cuando me permitan estar (…). Mientras no se concrete al 100% todos los pasos jurídicos que tienen que dar, yo seguiré siendo asambleísta», enfatizó.
Por otro lado, curicama precisó que el proceso judicial que enfrenta «no es jurídico, sino político, por no haber pagado dos veces» a 40 jubilados de la Prefectura de Chimborazo, cuando ocupaba esta dignidad, ya que eso significaba más de USD 2 millones.
El asambleísta cuestionó que la sentencia se haya emitido después de que votó a favor de la censura y destitución del Consejo de la Judicatura, contrariando la decisión de su bancada.
¿Qué pasaría tras su destitución de la Asamblea?
Johanna Moreira, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), mencionó que una sentencia en firme es una de las causales que prevé la Ley para la pérdida del cargo de asambleísta.
Precisó que cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada, a la Comisión de Soberanía Alimentaría le corresponderá elegir a un nuevo presidente, en reemplazo de Curicama. Señaló que hasta tanto estará como titular encargada su coidearia, Lucía Placencia, vicepresidenta de la mesa.
La notificación de la Corte Nacional sobre la sentencia a Curicama no llegó a la Asamblea hasta esta mañana. El oficialismo tenía previsto reunirse con el legislador para conocer su situación.