Quito, Ecuador
Si en un país cualquiera hay un grupo social que tiene un sistema de justicia propio y una fuerza de choque preparada ideológica y militarmente; si la base social del grupo es amplia y puede ser movilizada por sus dirigentes gracias al uso de la fuerza y la amenaza; si, debido a su éxito en la lucha callejera, dicha base ha adquirido la conciencia del conquistador.
Si, además, gracias a su capacidad de movilización y destrucción, dicho grupo ha anulado como interlocutores del Estado a los demás grupos y organizaciones sociales, muchos de los cuales se resignan a adoptar el papel de comparsas o satélites.
Si, finalmente, ese grupo controla gran parte del territorio donde habitan sus miembros, y sus dirigentes tienen una doctrina clara que guía su actuación en contra del Estado de derecho y la democracia; si todo eso ocurre, ese país se encuentra enfrentado a dos graves peligros: el separatismo o la instauración de un autoritarismo identitario, o, si otras fuerzas sociales se resisten a los propósitos del grupo políticamente dominante, a una guerra civil.
Ecuador es ese país y la Conaie es la fuerza disociadora. Una fuerza que, irresponsablemente, el gobierno dirigido por Guillermo Lasso ha fortalecido con sus entregas en la mesa de “negociaciones”, pero, también, los activistas sociales y políticos, las universidades públicas y cofinanciadas, los doctrinarios culposos o resentidos que fungen como profesores universitarios, los estudiantes cuasi analfabetos, pero deseosos de servir una causa, los “medios alternativos”, es decir, militantes, y los mismos ciudadanos, demasiado tímidos o cómodos para reaccionar.
El Gobierno, en esa negociación con la pistola en la sien en la que lo obligó a participar la Conaie (con el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que siempre ha estado del lado de esta organización), acaba de ceder al movimiento indígena el control total del espacio cultural de mayor incidencia en la formación de los niños y adolescentes indígenas: el sistema de educación intercultural bilingüe, en el que, en la actualidad, se educan más de 150.000 estudiantes.
Con ello se ha puesto en riesgo la formación de los niños y adolescentes indígenas en los valores democráticos y en la idea de unidad nacional. La creación de las universidades de pueblos y nacionalidades indígenas planteada en el proyecto de reforma de la LOES remataría la tarea.
La cesión del control total del sistema de educación intercultural bilingüe a entidades que no son el Estado ecuatoriano revela de manera aún más clara su peligrosidad para la unidad y continuidad de dicho Estado cuando uno se percata de que la visión que dichas entidades tienen de la educación no es pedagógica sino política, ideológica.
En el acuerdo firmado por la Conaie y el Gobierno, este se compromete a garantizar “el ejercicio de la autonomía completa, orgánica y política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación”. ¿Autonomía política? Pues sí. O sea, libertad para adoctrinar y formar ideológicamente a los niños y adolescentes indígenas de acuerdo con la visión étnico-marxista que defienden los actuales dirigentes de la Conaie y que está en la base del ideario político de Pachakutik, su brazo político.
Con esta conquista, si, ahora, la Conaie y Pachakutik tienen la capacidad de mover a miles de indígenas, muchos de ellos a la fuerza, dentro de unos doce o quince años contarán con una numerosa tropa de jóvenes ideologizados dispuestos a acabar voluntariamente con lo que nos queda de Estado.
El problema que se nos avecina es grave, muy grave, y ni siquiera nos damos cuenta de que existe. Mientras tanto, los irresponsables de las universidades, el Gobierno y las organizaciones sociales y políticas no dan muestras de advertir que han encendido una mecha de combustión lenta que, en unos cuantos años, acabará en incendio.
