Quito, Ecuador
Desde el punto de vista Constitucional, vivimos en un Estado garantista, pero políticamente hablando, se trata de un garantismo selectivo. ¿Por qué hago la distinción? Por la sencilla razón de que el mundo imaginado por el Constituyente no coincide precisamente con el gris día a día del Ecuador. La dicotomía entre derecho y hechos es una clave interpretativa para los fenómenos sociales.
Se supone que la más alta misión del Estado es la de garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Se cumple a través de la normativa, de políticas públicas y de garantías constitucionales que están al alcance de personas y colectivos para lograr la tutela efectiva de los derechos por parte de las autoridades judiciales. Por definición, estas medidas están destinadas a proteger a todos, sin tratos discriminatorios, en razón de la igual dignidad que compartimos en tanto que humanos. De ahí que los derechos humanos se pueden definir como aquellos que posee un humano debido a su condición de tal.
Ahora bien, la grave crisis de seguridad, agudizada durante la última semana, pone en jaque a la quimera del garantismo de derechos. ¿Por qué? Pues, a despecho de sus bellas disposiciones constitucionales, en Ecuador hay una dialéctica sobre quiénes deben tener protegidos sus derechos humanos y quiénes no. Una barrida a las noticias, a cadenas de WhatsApp, así como al laboratorio social que es Twitter (para quien quiere tomarle el pulso a las contiendas ideológicas del momento), y el sensato se dará cuenta de que hoy la pelea es por definir el ganador del premio de tener sus derechos garantizados. ¿Serán las fuerzas del orden, serán los privados de libertad, serán los defensores de derechos humanos?
Lo cierto es que faltan voces que, con igual énfasis, reivindiquen los derechos de todos. El hecho es que abunda el garantismo selectivo como postura política. Se trata de enfrentar a todo lo que parezca hegemónico y pedir que se garanticen los derechos del grupo antagónico- que, a priori, estaría siempre en desventaja. Así, por las declaraciones del Presidente Lasso, quien llamaba a no usar a los derechos humanos como un mecanismo para solapar la delincuencia, varias organizaciones sociales interpretaron que en realidad sería el gobierno quien los usaría en una narrativa para justificar abusos. Mientras tanto, comandantes de la policía acusan a estas organizaciones de olvidar que ellos también tienen derechos.
Por otro lado, los propios defensores de derechos humanos han denunciado ataques por parte de las esferas del poder y enfatizan que ellos mismos -lo cual es cierto- son sujetos de protección, de acuerdo con múltiples estándares internacionales.
Pero, en medio de esta caótica competencia de narrativas -con independencia de si es espontánea o voluntaria- es importante recordar que el fundamento de la idea misma de los derechos humanos es la igualdad antes que el antagonismo.
Sí, los policías son el poder, pero tomados aisladamente y en un contexto tan volátil como el combate contra el crimen organizado, también son quienes necesitan el respaldo y garantía de sus derechos.
Sí, el acto criminal es reprochable, pero no se pide su impunidad, sino el respeto de garantías mínimas al momento de combatirlo y poner al delincuente en manos de la justicia.
Sí, la desprotección a defensores de derechos humanos es propia de un Estado democrático en cuidados intensivos, pero esa noble tarea debe partir no de la lucha contra hegemonías, sino del interés genuino en los derechos de todos, sean quienes sean y vengan de donde vengan.
- José Gabriel Cornejo R / Abogado de Dignidad y derecho.
