Guayaquil, Ecuador
Nadie discute hoy la paz con el Perú. Proceso largo iniciado en el gobierno de Durán Ballén y culminado en el de Mahuad, al principio con pocos detractores que seguían extrañando la tesis de la herida abierta. Luego, el proceso se consolidó.
Casi nadie discute hoy la dolarización, proceso en el cual ya estábamos sumergidos de hecho desde el gobierno de Bucaram cuando se empezaron a suscribir contratos en dólares y hablar de la convertibilidad, en el que entramos de derecho en el gobierno de Mahuad y que luego se consolidó en el de Noboa. Pocos años atrás, cuando Correa la quiso discutir, las encuestas le demostraron que la popularidad de la dolarización era aún mayor a la de él, incluso en la época en la cual el correato contaba con muchos seguidores. Y abandonó el intento de tener un “nuevo sucre” como moneda local, cuya estabilidad hubiese durado, exactamente, 24 horas.
Hoy, nadie debería discutir, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y la narcopolítica. Esa debería ser la nueva política de estado. Debería ser la nueva “paz con el Perú” o la nueva “dolarización”. Aquélla que nadie discuta porque es obvia y porque conviene a todos.
Sin embargo, parte de la clase política representada en la asamblea por una alianza extraña duda entre sancionar y rechazar a los tetones del jacuzzy o respaldar un gobierno por el cual sienten enfermiza antipatía y deseos soterrados de verlo fracasar. En ese escenario, no importa el precio.
Ojalá la reflexión le gane la partida a la obsesión. Pero, así como hay esas políticas inamovibles, que no deben cambiar de gobierno a gobierno, hay otras muy propias de ciertos gobiernos que deben ser claramente rechazadas por otros. Un ejemplo reciente es la ley de comunicación, que fue echada “al basurero de la historia” por el propio presidente de la república cuando tiró al tacho la ley mordaza y proclamó una prensa “salvajemente libre” como hubiese dicho Otto Arosemena.
Sin embargo, hay taras que aún quedan. Y los abogados las sentimos a diario en las cortes. Litigar con las instituciones del estado respecto de los abusos cometidos durante el correato a través de las diversas entidades públicas es un calvario. Naturalmente esto no lo saben a ciencia cierta los ministros de estado y mucho menos el presidente. Pero así ocurre.
Los abogados del sector público, incluidos los de la procuraduría general del estado, en lugar de pedir disculpas por los desafueros de los funcionarios que ejercieron el poder hasta el 2017, y que hoy algunos nos atrevemos a discutir en la cortes, defienden a ultranza “a nombre del estado” cobros indebidos o excesivos, responsabilidades solidarias que ya no existen, prohibiciones de enajenar que deberían levantarse, entre muchos otros actos que deberían revocarse o ser sujetos de mediación, tal como lo sugirió el Presidente Lasso cuando expidió el reglamento a la ley de arbitraje.
Y, luego de pedir disculpas al ciudadano, al que enfrentan con denuedo, deberían hacer realidad el principio constitucional de la repetición contra el funcionario abusivo o desaprensivo, demandándolo para que repare el perjuicio ocasionado. Pero no. Defienden las políticas de Correa como si se tratasen de políticas de estado, cuando son actos de gobierno que lo que ameritan son actos de contrición en lugar de la defensa a ultranza con la que se pretende agotar al ciudadano en procesos larguísimos que llegan finalmente a una Corte Constitucional atiborrada de trabajo y convertida en una cuarta instancia (la tercera es la casación) que tarda varios años en resolver los litigios que afectan a particulares, tan ocupada como está en resolver cuestiones de estado y de alta política.
Y como a los funcionarios públicos les aterra cumplir las sentencias que las cortes dictan contra el estado, el litigio dura años y las políticas que el correato impuso en la vida diaria, siguen vigentes. Cierto es que desde el año 2017 la justicia es bastante más independiente, luego de que algunos jueces también tiraron al basurero el memorándum enviado por el entonces secretario jurídico de la presidencia “prohibiéndoles” que el estado pierda un solo juicio.
Leyendo el otro día el reportaje de un diario local sobre el mundo del petróleo, uno se entera que un señor “X Rodríguez” navegó a sus anchas en Petroecuador entre los años 2010 y 2020, manteniéndose a pesar de que cambiaban los ministros, los subsecretarios y hasta los presidentes de la república. Fue asesor, coordinador, viceministro y algunas otras cosas. Los demás se iban, pero el permanecía. O volvía. Naturalmente las políticas que el manejaba, no cambiaban.
Tal vez es por eso que los funcionarios confunden la defensa de las viejas prácticas de gobiernos nefastos con los “actos del estado”. El “acto de estado” más importante es defender los derechos de la gente, no los derechos difusos de un estado glotón y arbitrario cuya burocracia necesita cambiar de actitud y analizar con mucho detenimiento lo que el ciudadano le reclama.
Y no defender “por defender” situaciones pretéritas que hoy en día, no deben tener cabida.