Una orden de prisión por estafa tiene Jaime Rubén Chugchilán Caisaguano, quien debería posesionarse ante la Asamblea Nacional en reemplazo del vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Francisco Bravo, destituido el 18 de noviembre pasado, tras un juicio político por incumplimiento de funciones.
Chugchilán Caisaguano enfrenta un juicio penal desde el 2019, por estafa masiva, y tiene una orden de prisión preventiva dispuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. Inicialmente tenía medidas no privativas, pero desde marzo de 2022 no ha cumplido con las presentaciones periódicas.
Chugchilán aparece en la «polla electoral» que en el 2019 se promocionó en las redes del Partido Social Cristiano (PSC).
En ese sentido, según el procedimiento, la Asamblea Nacional deberá solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información con los nombres de los candidatos a consejeros del CPCCS, que participaron en los comicios de 2019, y que reemplazarían a los cuatro destituidos el pasado 18 de noviembre, para ser posesionados ante el pleno.
Sin embargo, hoy 20 de noviembre de 2022, la legislatura preparaba la documentación respectiva para hacer la solicitud correspondiente al Consejo Nacional Electoral y con esa respuesta proceder a la posesión de los nuevos consejeros.
Según lo dispuso el CNE, los vocales suplentes que deberán ser posesionados son Karina Ponce y Mónica Moreira reemplazarían a las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.
Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS será reemplazado por el médico Carlos Figueroa, quien en el 2014 fue condenado a seis meses de prisión por calumnias en contra de Rafael Correa cuando fue Presidente de la República.
La estafa de Chugchilán
A partir del año 2019, la Fiscalía recibió denuncias de varias personas en las que se establecía que entre junio y julio de 2017, en el mercado Mayorista de Quito, Jaime Chugchilán Caisaguano se había presentado ante cada uno de ellos en distintas fechas ofreciéndoles la venta de un pequeño puesto para que ofrecieran frutas o implementos de alimentación, indicando que era propietario de uno de los galpones del mercado Mayorista, cada uno de los puestos ofrecidos tenía un costo de $ 10.000.
Según los informes, Chugchilán ofreció a las víctimas conseguir un crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, y dentro de las quince personas mencionadas, catorce obtuvieron un crédito de $ 10.000. Una vez que se consiguieron los créditos, fueron transferidos a la cuenta de Chugchilán. Adicionalmente, una persona de las estafadas vendió un terreno por $ 11.000 y estos fueron entregados a Chugchilán, por lo que se verificó un perjuicio neto de $ 145.895. Las víctimas esperaban la entrega del documento de parte del mercado mayorista, lo cual no sucedió.
En el 2019, las víctimas pusieron las denuncias, y se verificó que no era el propietario del galpón, sino que todos los galpones son propiedad pública perteneciente al Municipio de Quito y quienes ocupan esos espacios son arrendatarios.
La última providencia judicial sobre este caso es la convocatoria a los sujetos procesales a la audiencia oral de juzgamiento, en la que se decidirá la situación jurídica de las personas procesadas el 17 de enero de 2023 a las 08:30, en el complejo judicial Quitumbe.