El Comité de Ética de la Asamblea Nacional avocó hoy, 24 de noviembre de 2022, conocimiento de una nueva denuncia, calificada y admitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presentada por el legislador Bruno Segovia (Pachakutik) en contra de la asambleísta Guadalupe Llori, por presuntamente haber gestionado cargos públicos y tráfico de influencias.
Según Segovia, la expresidenta del Legislativo habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia de Orellana. No obstante, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.
De esta manera, una vez que avocó conocimiento, el Comité de Ética, en un plazo de tres días notificará a las partes para que presenten las pruebas de cargo y descargo dentro de los siguientes diez días, contados desde la fecha de recepción de la notificación.
La moción de destitución obtuvo 82 votos afirmativos, por tanto no fue aprobada, pues para ello se requiere al menos 92 votos.
Antecedentes
Previamente, la asambleísta Guadalupe Llori, por el lapso de 38 minutos, ejerció su derecho a la defensa. En sus argumentos, destacó que cumplió a cabalidad las actividades encomendadas durante el ejercicio de su cargo como Presidenta de la Asamblea Nacional. Enfatizó que jamás pidió ninguna contribución o aporte de algún exfuncionario, funcionario o servidor legislativo para el alquiler de un vehículo para su movilización.
Señaló que la denuncia planteada por la legisladora Johanna Ortiz (UNES), quien le acusaba de haber solicitado diezmos a funcionarios para que renten un vehículo, no tenía fundamento, porque el pago de la supuesta renta del vehículo no provenía de fondos públicos «ya que la remuneración al ser depositada en cuentas de los servidores legislativos constituyen fondos privados», concluyó Ortiz.