Consejo de Participación: engendro de Montecristi

Gonzalo Ruiz Álvarez

Quito, Ecuador

Una serie de hechos políticos demuestran que uno de los peores engendros de la Constitución de Montecristi es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La idea parecía refrescante, que la ciudadanía cuente con interlocutores válidos para sus más caras inquietudes, y que no se encuentren encerrados entre las cuatro paredes del poder legislativo. Una participación ciudadana abierta y distinta a aquella que discurre por los andariveles de la política que lucía desgastada.

Además, el Cpccs sería parte sustancial de toda una novedosa función del Estado, la de Transparencia. Todo color de rosas, hasta que el poder político metió su mano roñosa, como lo hizo más tarde con la justicia.

El primer Consejo conformado, más allá del simulacro de participación ciudadana, tuvo varios miembros vinculados con el poder imperante, que además copaba para entonces casi todas las funciones del Estado y altos cargos de singular influencia.

Y así fue como olvidó una de sus funciones esenciales, hasta ahora apartada, refundida bajo siete llaves en algún cajón en alguna esquina cubierta de telarañas.

Lo demás, ya lo sabemos. Nombramientos contemplativos con los designios emanados de Carondelet y consecuencias nefastas para cumplir la tarea de la demolición institucional que la ‘revolución’ se había propuesto. Todo seguía con puntual precisión el plan malévolo.

Cuando llegó al poder Lenin Moreno propuso una consulta popular que con el voto mayoritario dio paso al Cpccs – transitorio y con la buena voluntad de un patriota intachable como Julio César Trujillo, se pretendió, corregir el entuerto, pero la opción de un Consejo de elección popular trajo otros dolores de cabeza.

Los candidatos a consejeros hicieron de modo desenfadado campaña política, el correísmo volvió a meter mano en la campaña auspiciando candidatos sin freno al abuso. De allí surgió el cura Tuárez, que paga en el infierno de la cárcel el pecado del tráfico de influencias. Otros consejeros fueron destituidos y luego resultaron premiados con candidaturas y curules en la marea espesa del bloque correísta en la Asamblea.

Las pungas internas y cambios de autoridades en el Cpccs, la demora en la nominación de autoridades clave en materia de control  y los desenfadados esfuerzos de los políticos por adueñarse de las plazas de consejeros a lo que hay que sumar el juicio político violando y precipitando normas, son, a mi modo de ver, pruebas fehacientes de la complejidad de su paso por el poder, del exceso de su pretenciosa creación y de una indispensable, aunque futura desaparición, por medio de una consulta o una reforma constitucional.

Por ahora el Cpccs, parece la presa predilecta de los apetitos atrasados de los poderes insaciables.

Los casos de las designaciones de Superintendente de Bancos y los afanes de un funcionario de la Presidencia por pedir la abstención del propio candidato de la terna presidencial, como en efecto sucedió luego, son la muestra de que los poderes quieren incidir en lo que no les corresponde.

El resultado del juicio político con inconsistencias, pero con el propósito predeterminado, ahora en suspenso por la acción de la justicia, demuestran que mientras el país se debate entre la inseguridad y el desempleo, más allá de datos promisorios de la macroeconomía, los políticos están a la caza de los espacios de poder.

No es aceptable que los nombramientos se dilaten y que la función nominadora que por ahora tiene el Cpccs tarde tanto tiempo en cumplir su mandato. Pero cabe señalar que el país merece autoridades de control competentes, con gran formación académica, formación ética intachable y con absoluta independencia. No cabe un Contralor, por ejemplo, al servicio del Ejecutivo, de la oposición ni de cualquier líder político que pretenda manipularlo o influenciar en sus actuaciones. Un contralor de verdad, como el patriota fue Hugo Ordóñez Espinosa, sería un personaje importante en este reino de corrupción, los sobreprecios, los dineros mal habidos y la impunidad que nos sepulta en un lodo de podredumbre.

Todo un tema que irá a consulta es la nominación de autoridades. No convenció la fórmula del Cpccs como ente designador, pero a muchos ciudadanos tampoco convence el camino propuesto por el Ejecutivo para modificar el texto constitucional mediante enmienda y eliminar varios numerales del artículo 208 que establece la elección de autoridades de control a cargo del Cpccs mediante comisiones ciudadanas y volver a fórmulas combinadas de designación que recaerán en el poder político de la Asamblea, pese al desprestigio que acarrea. El dilema continúa y la demolición institucional también. Ojalá sea una opción viable para mejorar las cosas.

El vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín, en la sesión del 7 de junio de 2016.
Eduardo Mendoza, Xavier Zavala Egas, Pablo Dávila, Luis Hernández y Julio César Trujillo, integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, elegido por la Asamblea el 28 de febrero de 2018. API/Juan Montenegro.
El cura José Tuárez, la mañana del 28 de noviembre, durante su captura en Portoviejo. Foto difundida por la Fiscalía.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa.

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