Quito, Ecuador
La promesa electoral de meter las manos en la justicia hoy se resuena como el eco nefasto de sus ‘iluminados’ inspiradores.
Las manos mugrientas del narcotráfico asfixian a los llamados operadores de justicia. El crimen organizado tiene una ley inexorable: Plata o plomo. No solo que muchos acusados, condenados y prófugos intentan meter las manos en la Justicia, sino que la tienen sometida a sus designios.
El poder político pasa de puntillas y los nexos entre algunos dirigentes, candidatos o actores debieran conocerse para escarnio público.
Hace unos meses el Presidente señaló a dirigentes del paro indígena con presuntos nexos con el dinero sucio de las mafias y el poder criminal del narcotráfico. Esta semana volvió a decir Guillermo Lasso, en una entrevista con el canal internacional NTN24, que pronto se sabrá los vínculos de los narcos con la política.
Si hay conexión o negocios ilegales entre dirigentes políticos, sociales o empresarios o cualquier ciudadano, es hora de una actuación profunda de la Fiscalía, una exploración a fondo. Las palabras no se las puede llevar el viento. Los dignatarios que formulan esas aseveraciones deben acudir a la justicia a exigir una investigación severa y que se destape toda la verdad.
Esos son los rigores que demanda la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que no alcanza con discursos ni señalamientos generalizados. El país tiene derecho a saber si es verdad que algunos actores políticos tienen vínculos mafiosos, si trabajan para la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando de armas y las mafias locales, nacionales o transnacionales del narcotráfico.
En medio de la severa crisis de demolición institucional a la que asistimos, cuando la gente no confía en las instituciones del Estado, salvo excepciones, las actuaciones de varios jueces revientan de modo más contundente la credibilidad de la Justicia.
Es verdad que cualquier generalización puede ser injusta y que la reputación de toda una función del Estado se ve vulnerada por actuaciones puntuales, aunque no son pocas. Lo que ocurre es que tampoco la ciudadanía percibe un esfuerzo célere por efectuar una limpieza fondo de los malos funcionarios.
Un juez acoge la petición de los abogados defensores y deja libre a Jorge Glas. Los argumentos a la hora de construir un dictamen aparecen. Los leguleyos al servicio de los acusados y condenados saben la letra colorada.
Jorge Glas, ex vicepresidente fue condenado. No salió en libertad limpio de los cargos que se le imputaron, se acogió a un sistema de rebaja de penas que los legisladores escribieron a su tiempo, quién sabe con qué propósitos.
No debieran existir rebaja de penas para violadores, asesinos, narcotraficantes ni corruptos. Así se corregiría en algo los procesos que cunden en cualquier rincón del país esperando acaso que, en una noche de Navidad, o al amparo de algún partido de fútbol de interés –sucedió durante el Mundial-, una boleta de libertad favorezca a otro delincuente.
Un juez en Manta se especializaba en emitir boletas de libertad, medidas cautelares sustitutivas a la prisión, y todo tipo de subterfugios legales para ciudadanos inmiscuidos en oscuros episodios. Banny Molina se pronunció sobre los casos de Jorge Glas y Daniel Salcedo.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CJ) destituyó a Molina por infracción gravísima. A saber, de los casos que trató durante su permanencia en el foro, se podría escribir una obra de ficción tan interesante como inverosímil En ese espacio mágico la realidad supera la ficción.
Habría otros jueces que atenúan los rigores de la cárcel. El portal Código Vidrio denunció que 18 procesados por tráfico de cocaína fueron liberados. En el tribunal hubo, empero, un voto salvado. Un ‘angelito’ integrante de dicho tribunal había sido un funcionario público que trabajó con un alto cargo del correísmo.
Un Juez en Paján, con una manchada hoja de servicios, decide medidas que benefician a otro imputado. Un juez de Santo Domingo actúa a favor del presunto responsable señalado por el delito de las fundas de cadáveres y las mafias de los medicamentos en pandemia.
Un juez de Guayas deja en libertad ‘vigilada’ con un grillete electrónico que hasta un inútil funcionario sabe desarmar, a otro peligroso capo, quien además acumula varios expedientes. Pocas horas después es atrapado con 30 personas con armas de dotación miliar y granadas. Dos efectivos de las fuerzas del orden estaban involucrados. Una fuerza paramilitar para proteger al mafioso que volvió a prisión luego de un enfrentamiento a mano armada con la autoridad.
Un miembro en servicio activo de la Armada era parte de esa banda y se le investiga. Fernando Villavicencio, legislador que preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional denunció que el acusado fue condecorado con la presea Vicente Rocafuerte, por sus servicios durante la pandemia del Covid 19.
La gestión, según explicó indignado Villavicencio en una entrevista radial, la realizó un asambleísta de la bancada de Unes, que también ha sido señalado por otros nexos peligrosos. Se impone que la Asamblea revise esa condecoración y la revoque. Es indispensable que, además, el Ministerio de Defensa abra un expediente para indagar el comportamiento del marino en servicio activo, saber de sus pasos y si tiene otros vínculos en la institución armada. No se ha conocido pronunciamiento público del Ministerio sobre tan delicado asunto. Es una urgencia cuando el país entero clama por una acción conjunta de las FF.AA. y la Policía en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando de armas y los suficientes controles y patrullajes para atenuar los efectos perversos de asesinos y criminales.
Y no olvidamos a aquel juez de Manglaralto, y tantos y tantos otros que pasan de agache mientras los procesos de análisis y los expedientes disciplinarios no alcanzan para limpiar un escenario que luce podrido.
Para proceder conforme a derecho a analizar las conductas de los jueces se requiere de declaraciones jurisdiccionales previas. Los números oficiales del CJ han pedido 462 documentos de este tipo entre julio de 2020 y el 30 de septiembre de 2022. Es menester que haya resultados.
Ojo y no se trata de privar de derechos a los ciudadanos de bien ni a aquellos que tienen poco acceso y sus derechos se ven conculcados. Los principios garantistas deben obrar en pro de la mayoría y no para proteger a sapos, poderosos y delincuentes.
Es indispensable que se establezcan jueces sin rostro para cuidar la vida e integridad física de los jueces, fiscales y sus familias y el accionar de fallos limpios de personas que puedan trabajar sin temor ni favor. Esa sería una manera de meter las manos en la Justicia, en un sentido positivo, y en pro de la sociedad toda.
Ante políticos irresponsables que ofrecieron meter las manos en la Justicia y lo hicieron no para transformarla en transparente sino para asfixiarla y someterla a su poder. Ahora que la justicia se ve amenazada severamente, como toda la sociedad ante la inseguridad y el crimen, y ante la impotencia del Estado que hace esfuerzos pero sucumbe, el país requiere que la propia justicia sea la que meta las manos en las bandas criminales, las mafias de narcotraficantes y nos destape de una vez por todas el albañal que habita en el bajo mundo criminal y si es verdad que existen alcantarillas que lo conectan con la política. El Ecuador demanda un baño de verdad.