Los magistrados nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa sentenciaron al excontralor Pablo Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve personas más por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro del caso Las Torres.
Esta decisión se adoptó la tarde de este viernes 10 de febrero del 2023, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
El Tribunal sentenció con penas diferenciadas de acuerdo al grado de participación de los procesados. Por lo tanto, Pablo Celi y Pablo Flores fueron condenados a 13 años y cuatro meses de cárcel, como autores directos de ese delito.
Según la Fiscalía, ambos son señalados como líderes de una estructura delictiva que exigía sobornos a una empresa, contratista de Petroecuador, a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos pendientes en la estatal petrolera.
Sentencia para los otros procesados
Los jueces también sentenciaron a una exasesora de la Gerencia de Petroecuador y a un exgerente de Refinación de la estatal petrolera como colaboradores de la infracción penal. Por lo tanto, les impusieron una condena de nueve años y cuatro meses de prisión.
En cambio, a los otros siete procesados les sentenciaron a siete años de privación de la libertad por «sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada». En esa lista está el hermano del excontralor Celi y el hermano del exsecretario de la Presidencia José Agusto (+).
A la última procesada, Martha B., los jueces le impusieron una pena de seis meses. Pues ella realizó una colaboración eficaz con la Fiscalía y proporcionó información dentro de esta causa penal.
Medidas de reparación
Durante la audiencia de juicio de este 10 de febrero del 2023, los magistrados impusieron los montos de reparación al Estado por esta trama de corrupción.
Acusación de Fiscalía
Fiscalía asegura que los sentenciados conformaron una estructura delictiva que exigía sobornos a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría y gestionar pagos de planillas correspondientes contratos suscritos entre Petroecuador y esa compañía entre el 2017 y 2020.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit, una empresa de servicios petroleros. Es decir, USD 4 millones.
La defensa de los sentenciados
Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, dijo que esta sentencia «viola el principio de seguridad jurídica». Además, aseguró que fue «dictada en contra de lo que dispone el Código Integral Penal».
El defensor también señaló que las pruebas practicadas dentro de la audiencia de juicio «pretenden moldear la teoría del caso de Fiscalía».
Por otra parte, Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, indicó que el Tribunal «hace una interpretación elástica de la ley penal para forzar los hechos al delito acusado y así adaptarse totalmente a la acusación de Fiscalía».
Además, el abogado mencionó que «el Tribunal no hizo ninguna mención a la prueba de la defensa ni a nuestros alegatos». Finalmente, él aseguró que apelarán este fallo judicial.