En tres meses, Patricia Ochoa, viuda del General Jorge Gabela, deberá recibir el informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales del crimen.
Doce años después del asesinato de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la Corte Constitucional emitió un fallo que podría dar un giro en la investigación.
El 9 de febrero de 2023, la Corte publicó la sentencia 2366-18-EP/23. Con este fallo, el organismo aceptó una acción extraordinaria de protección que había interpuesto la Defensoría del Pueblo.
Ese recurso se presentó en contra de una sentencia de la Corte de Pichincha, dictada en 2018, que negó un recurso de apelación a un fallo de primera instancia. Se refería a una acción de acceso a la información pública. A través de esa acción, Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, buscaba conocer el informe final sobre la muerte de su esposo.
Ese documento lo elaboró un Comité Interinstitucional conformado por autoridades del gobierno de Rafael Correa. Esa acción se aceptó parcialmente, ya que la Presidencia, en el período de Lenín Moreno, entregó parte de la información. Sin embargo, la Defensoría y Ochoa se declararon inconformes con los documentos recibidos.
El tercer producto de Roberto Meza Jorge Gabela fue asesinado el 29 de diciembre de 2010, en Guayaquil. La versión oficial detalló que el militar fue baleado en su casa, durante un presunto asalto.
Caso Dhruv
El entonces Comandante General de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela había indicado que las aéronaves no cumplían con parámetros técnicos y por ello se opuso a su compra. La adquisición de los DHRUV no se hizo oficial hasta la salida de Gabela quien además denunció persecusión en su contra por este tema.
De un total de siete helicópteros del lote comprado original, tras los accidentes, hasta la fecha sólo sobreviven tres. En octubre de 2009, durante un desfile militar se estrelló el primero.
El segundo fue en 2014, tras estrellarse murieron tres pilotos. Se inició otra investigación, y una vez más, las conclusiones (así como en el 2009) arrojaron que se trató de un accidente causado por un «error humano».
En 2015, otros dos helicópteros Dhruv se estrellaron en menos de 15 días, y causaron la reapertura oficial de las investigaciones en torno a la adquisición de la flota.
De ser hallados culpables los implicados en este caso, el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), señala que de haberse perpetrado el supuesto ilícito, se establece una pena de 8 a 12 años de cárcel por el delito de peculado.