En los sectores de la oposición legislativa al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se analiza la posibilidad de declararlo mentalmente incompetente para el ejercicio del cargo. Esta maniobra busca posibilitar su destitución, en el caso de que la Corte Constitucional declare improcedentes las razones del informe legislativo que impulsa el enjuiciamiento político del presidente ecuatoriano.
La mañana del 4 de marzo se ha convocado a una sesión plenaria. El Congreso del Ecuador, llamado Asamblea Nacional, está compuesto por 137 diputados que se citaron para debatir y votar los informes presentados por las dos comisiones legislativas instaladas para investigar el mismo escándalo de corrupción que ha salpicado al Gobierno ecuatoriano. Una de estas está compuesta por asambleístas opositores y la otra está integrada por representantes de varias las bancadas legislativas.
Pero el impeachment no es la única opción discutida por las facciones opositoras en el parlamento ecuatoriano. Incluso la legisladora Mireya Pazmiño aseguró en una rueda de prensa que, si acaso el juicio no pasa por el filtro de la Corte Constitucional, que es el órgano que califica la procedibilidad del juicio político, la oposición ya discute la posibilidad de declarar en incapacidad mental al presidente o de derrocarlo en las calles. Esto ya sucedió en 1997 cuando fuera destituido el presidente Abdalá Bucaram por esta causal constitucional.
El pedido del correísmo
“Aquí el grave problema es Guillermo Lasso, y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema”, afirmó la legisladora Pazmiño quien además amenazó que “si la Corte Constitucional no responde al país, también tenemos las calles y el pueblo ecuatoriano se estará levantando, pero la solución hay que darla”.
La Comisión de la Verdad, Justicia y Anticorrupción propone la destitución del presidente Lasso afirmando que ha cometido delitos en contra la seguridad nacional, malversación de fondos públicos y hasta obstrucción a la justicia. Por ahora, las votaciones para aprobar el informe están impulsadas por los bloques de la Unidad por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), sus aliados expulsados de Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID), además de otros legisladores independientes afines al presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela. Todos sumarían alrededor de 80 votos legislativos de 137. Se necesitan, al menos, 91 votos para la destitución si el juicio político prospera.
Choque entre Pazmiño y Villavicencio
Pazmiño, representante de la provincia de Bolívar, fue duramente cuestionada por sus colegas legisladores y por la opinión pública tras incluir información falsa en el trabajo de la comisión opositora. Se trata un pantallazo de un supuesto mensaje escrito por Leonardo Cortázar, señalado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional como el vínculo entre la gestión de fondos opacos para el financiamiento de campañas y las mafias albanesas del narcotráfico. En el mensaje falsificado, Cortázar aseguraba que tenía vínculos con la campaña presidencial de Guillermo Lasso. Pero el mismo aludido desmintió el mensaje poco después.
Legislador Fernando Villavicencio
Fernando Villavicencio, diputado del Frente Parlamentario Anticorrupción del Congreso ecuatoriano, dijo en su cuenta de Twitter que la comisión opositora que investiga el caso tomó parte de su informe de investigación como prueba, pero sin citarlo y que omitió toda la información disponible en las redes sociales en que se comprueban los vínculos entre Leonardo Cortázar y el binomio presidenciable correista Andrés Arauz y Carlos Rabascall.
Villavicencio señaló que la comisión opositora no tiene autoridad para apropiarse del informe legislativo del Frente Parlamentario Anticorrupción que él lidera y que esta última tiene las pruebas que demostrarían las reuniones sostenidas por el presidente y el alto mando policial a través de las cuales habría tenido conocimiento de los hechos que calificarían algunas infracciones posiblemente habilitantes para su destitución.