La Fiscalía General del Estado ha acusado a Victoria Patiño, de Master Chef, de haber recibido US$200.000 en sobornos de su abuelo, el empresario Conto Patiño, sindicado por el Caso Sinohydro, que investiga pagos ilícitos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Fiscalía ha exhibido pruebas de que Victoria Patiño ha recibido transferencias desde una cuenta de la compañía Recorsa, de propiedad de su abuelo. La defensa de Victoria, quien era menor de edad cuando se hizo la transferencia, ha explicado que simplemente su abuelo le pagó la universidad.
Victoria Patiño nunca ha sido funcionaria pública, y su defensa alega que jamás ha estado en posición de poder favorecer a nadie con sus decisiones. No obstante, la Fiscal Diana Salazar pidió que se dicte orden de captura en su contra, como ha hecho contra 37 personas que han recibido transferencias desde la misma compañía.
La noche del domingo 5 de marzo, el juez Adrián Rojas, ha dictado medidas sustitutivas en contra de Victoria Patiño, quien tiene prohibido salir del país y deberá portar un grillete electrónico. Las mismas medidas que se han dictado contra el expresidente Lenín Moreno, quien era vicepresidente de Rafael Correa en 2010, cuando se firmó el contrato.
Según la Fiscal Diana Salazar, la empresa estatal china Sinohydro utilizó a Recorsa para transferir US$76 millones en sobornos a cambio de la concesión del contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Sus medidas
El juez Adrián Rojas dispuso que Victoria Patiño se presente cada ocho días en la Secretaría de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (CNJ).
Rojas dijo que «El plazo de presentaciones ante la secretaría de esta sala, ubicada en el primer piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, comenzará a partir del día lunes 6 de marzo de 2023».
El juez advirtió que «de incumplirse una sola de las medidas cautelares se procederá lo establece la ley. Si se incumple la medida sustitutiva, la o el juzgador dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado». Todos los procesados tienen la prohibición de enajenar bienes; son 37 los involucrados.
- Con reportes de Diario El Comercio
