Miami, Estados Unidos
Finalmente, llegamos a la mitad de marzo de 2023 y la Asamblea Nacional ha sido incapaz de fundamentar las causales que pretendía para el llamamiento a juicio político del Presidente Guillermo Lasso. Luego de una orquestación sensacionalista entre periodistas y asambleístas de oposición que debía de servirle a la comisión “El Gran Padrino”, en bandeja de plata, las supuestas evidencias de vínculos con el narcotráfico y poder así enjuiciar al presidente por “traición a la patria”, se han quedado con las causales de “atentado contra la seguridad del Estado” y “cohecho”.
Según los asambleístas de la comisión que dicen haber investigado, el Presidente Lasso ha incurrido en omisión al no haber actuado tras haber conocido el informe policial “León Troya” que habría encontrado indicios de relación entre el ciudadano albanés Dritan Gjika y el ecuatoriano Rubén Chérres, cercano al cuñado del presidente, informe que fue archivado por un general de la policía antinarcóticos.
La asambleísta correísta Viviana Veloz, quien preside la comisión, asegura que “Se diseñó un andamiaje institucional para la corrupción” y relaciona al Presidente Lasso con el mismo, bajo acusaciones de delincuencia organizada, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias y más ilícitos en los que tendrán que probar que el presidente formó parte, más allá de organigramas y audios montados por la prensa amarillista, en los que hasta ahora no han podido demostrar la participación del presidente.
Lo único que al país le queda en claro es la intencionalidad de culpar a otros de lo que propiciaron los mismos que hoy quieren acusar al presidente de haber puesto en peligro la seguridad de la nación.
Los legisladores que sirven a los intereses del ex presidente Rafael Correa parecen no recordar que el Informe de Transparencia y Verdad que presentó el “Caso Angostura” en 2009, le dio a conocer al ex presidente Correa que “Los grupos ilegales armados de Colombia en el cumplimiento de su proyecto político militar han violado de manera sistemática la soberanía nacional e integridad territorial, mediante acciones armadas para atacar destacamentos y patrullas militares con el propósito de capturar armamento y equipo.
Y han utilizado el territorio nacional para establecer laboratorios de procesamiento de droga… Se estima que las unidades militares y policiales que operan en la zona de frontera han destruido más de 180 instalaciones ilegales entre campamentos y laboratorios de procesamiento de droga entre 2000 y 2008, lo que permite inferir la gran actividad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC.”
Continúa mencionando las actividades de las FARC, los informes de inteligencia militar recibidos entonces por el presidente Rafael Correa, que daban cuenta de una gran infiltración de las FARC en los operativos militares y policiales que resultaban en la poca efectividad de los operativos.
El informe confiaba en que “la posible vinculación del narcotráfico con la política debe ser tratada con la mayor seriedad y enfrentada con decisión, como política de Estado…La narcopolítica, a buena hora, es aún evitable”.
Sin embargo, el bombardeo al campamento guerrillero de Angostura del 1 de marzo del 2008 no habría sino confirmado que ya era tarde. El propio ex Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, le dijo en octubre pasado vía Twitter al hoy prófugo de la Justicia Rafael Correa, que este difícilmente no sabía de la presencia masiva de las FARC en territorio ecuatoriano, como asegura, y que de la Operación Fénix “No le avisamos porque inmediatamente usted corría a decirle a las FARC”.
Francisco “Pacho” Santos ha declarado que “Correa sabía que las FARC estaban allá” y que no podían arriesgar el éxito de la operación en la que fue liquidado el número dos de las FARC, alias Raúl Reyes, y 24 personas más.
Ya en 2010, los analistas internacionales Douglas Farah y Glenn Simpson (Ecuador at Risk, Interamerican Institute for Democracy), observaron que “las autoridades de México advertían una significativa expansión de operaciones de los carteles en Ecuador, en particular, el tráfico ilícito de personas. Por tener una de las políticas de visa más laxas del mundo, las redes de tráfico de China, India y Africa están colocando su carga humana en Ecuador, porque es el lugar más fácil al cual ir”.
Para entonces, continúan, “Ecuador se ha convertido en gran atractivo para el lavado de dinero de los carteles mexicanos y otras organizaciones transnacionales del crimen, como han sido las FARC.” Hace más de una década advirtieron de un estudio en el cual se daría cuenta de que en Ecuador se lavarían entre US$ 500 millones a US $1 mil millones anualmente.
En aquellos años de correísmo se empezó a observar la inusual facilidad con que ciudadanos ecuatorianos estarían recibiendo visas para México, así como el aumento de inversionistas mexicanos en Ecuador, especialmente en el área de turismo, “un favorito para el lavado de dinero, porque gran parte del negocio se realiza en efectivo”.
Parecería difícil, aunque no imposible, que a los asambleístas de la comisión “El Gran Padrino” se les haya ocurrido la peregrina idea de que al actual presidente Guillermo Lasso se le presentó fundamentada novedad de que el narcoterrorismo transnacional estaría tocando a las puertas del territorio ecuatoriano, y que esto no haya sido la oscura historia del financiamiento de la campaña presidencial de Rafael Correa, en la cual su propio Subsecretario de Gobierno y asesor en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, José Ignacio Chauvín, fuera acusado de narcotráfico, y quien había sido líder de las Brigadas Simón Bolívar, operador en la frontera del narcotráfico y las FARC, tras la pantalla de defensor de derechos humanos.
El subsecretario de Correa, José Ignacio Chauvín, estuvo relacionado alias Raúl Reyes, así como con Oliver Solarte, “uno de los hombres más buscados por su tráfico de drogas, armas y precursores químicos para las FARC”. Oliver Solarte, intermediario entre las FARC y los carteles mexicanos, fue dado de baja en la zona de Putumayo fronteriza con Ecuador en marzo del 2011.
Es falaz decir que Lasso, quien le declaró la guerra al crimen organizado el 24 de Mayo del 2022, no advirtió la presencia del enemigo, cuando el propio presidente Rafael Correa se ha fotografiado con narcotraficantes de las FARC, Pierina Correa con el narcotraficante Edison Ostaiza Amay en la Penitenciaría del Litoral del Ecuador, y con los implicados en la Narcovalija en Italia.
Insinuar que la penetración del narcotráfico en Ecuador se ha iniciado en el actual gobierno, cuando la década del correísmo fue el apogeo de las narcoavionetas, del envío de drogas en las embarcaciones que piloteaba alias Gerald, de la operación en Ecuador que diseñó uno de los narcotraficantes más buscados del planeta, Paul Le Roux; de la tripulación de Saereo detenida en Guatemala por narcotráfico de 405 kilos de cocaína, y cuya libertad fue solicitada personalmente por el entonces Presidente Correa; se podría entonces decir, emulando a la asambleísta Veloz, que en correísmo “se diseñó el andamiaje institucional para el Narco Estado”.
Solo para recordarles tanto a la miope comisión, como a todas las bancadas que se adhieren al juicio político, que han plegado a la desestabilización de la democracia y que vienen protagonizando la traición a la patria con su cobarde silencio ante la creciente presencia del narcotráfico, impidiendo su combate y permitiendo así el avance de la narcopolítica.