Quito, Ecuador
La Corte Constitucional dio paso al juicio político al Presidente Guillermo Lasso. Lo hizo con seis votos de los nueve integrantes. Acogió tan solo una de las causales de los legisladores interpelantes, aquella de peculado.
El documento deja constancia de la desprolija actuación de los asambleístas. Es una nueva vergüenza que los que buscan el juicio político no hayan podido redactar con pulcritud el documento. Si un tema tan delicado como un juicio político presidencial se lo hace con tanta ligereza que debió ser observado por los propios colegas asambleístas que buscaban acompañar el proceso en el Consejo Administrativo de la Legislatura, que pidieron correcciones en el documento, surge una interrogante: ¿Cómo harán su tarea en cosas menos delicadas?
La respuesta es obvia, la ignorancia o la negligencia son moneda común en un parlamento que tiene su popularidad por las patas de los caballos. Han caído muy bajo en la aceptación popular, bastante más bajo que el propio Presidente, cuya gestión no cuenta con buenos números.
La Corte Constitucional podría haber quemado sus últimos cartuchos de respetabilidad y crédito al tomar partido por apoyar una interpelación presidencial por aspectos que los legisladores habrán de probar – tienen la obligación para no quedar tan mal – y que lucen, por ahora deleznables. Es extraño que un dictamen tan largo haya sido redactado en corto tiempo. Se demostró que el Ejecutivo no controla a la Corte – y eso es positivo – pero también cabe afirmar que esta Corte, salvo honrosas excepciones, quedará para el juicio inapelable de la historia. El tiempo lo dirá.
Como advirtió el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, Carondelet acató el dictamen de la Corte, aunque desestimó los argumentos de los legisladores.
El Presidente hizo una cadena divulgada en la noche de este jueves donde dijo que es inocente, que actúa con recta intención – y lo remarcó cinco veces-, que es un demócrata y acata, aunque no comparte el dictamen de la Corte Constitucional, y sostuvo que intentan asesinar su reputación. Guillermo Lasso dijo que no hay pruebas, que los ataques son inventos, que intentan buscar un presunto peculado sobre un contrato firmado cuando él no era presidente.
Parece que el jefe de Estado asumirá el juicio político, acudirá a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea – ente al que corresponde la sustanciación del juicio – y entonces lo que diga el mandatario tendrá eco nacional. Muchos legisladores estarán a esta hora con las barbas en remojo.
Varios juristas de prestigio consultados –de aquellos que no se compran ni se venden– sostienen que la carta de la muerte cruzada es una prerrogativa presidencial que estará vigente hasta el último minuto anterior a la votación congresal.
En consecuencia, el país se asoma a tres escenarios: En primer lugar, un juicio político en el que la oposición no logre articular los 92 votos requeridos para destituir al Presidente. En segundo término, un juicio que termine con el mandato de Guillermo Lasso y la consecuente asunción del Vicepresidente (Artículo 168 de la Constitución subrogación presidencial en caso de falta definitiva del Presidente hasta completar el período ). Y, como último recurso, aquel aprobado por el correísmo en la Constitución de Montecristi y refrenado por el pueblo en las urnas, la muerte cruzada con alguna de las dos causales para acometer directamente a esa fórmula sin requerir de dictamen alguno de la Corte Constitucional.
El artículo 148 de la Constitución habla de dos causales directas sin pasar por la Corte: ‘Si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política’ (numerales 2 y 3).
La Asamblea se disolvería. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tendría un plazo perentorio para convocar a elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional para que los dignatarios electos completen el período presidencial (mayo de 2025).
Surgen preguntas sobre el músculo político del Vicepresidente en caso de asumir la Presidencia, si el propio Presidente actual no tiene esa fuerza. Y además es legítimo pensar si el Presidente Lasso, en caso de decretar la muerte cruzada y la disolución constitucional del parlamento, podrá gobernar durante esos seis meses sin sobresaltos, paros y manifestaciones de agentes incendiarios, cuyas devastadoras acciones han alterado la paz pública del Ecuador, causando daños enormes.
El juicio político a un presidente tiene un antecedente histórico hace más de 100 años en la descalificación del presidente Juan de Dios Martínez Mera el 17 de octubre de 1933. Entonces el principal interpelante fue José María Velasco Ibarra (más tarde presidente del Ecuador por cinco ocasiones). El presidente liberal fue acusado de fraude electoral y de mal manejo de la posición del país en las discusiones territoriales de Colombia y Perú por la disputa de la zona de Leticia.
El juicio político a Guillermo Lasso llega en medio de una grave crisis de credibilidad, con el Ecuador sometido por la violencia criminal y los asesinatos en las calles, ante la impotencia de las fuerzas del orden, con un invierno crudo y una obra pública paralizada y con bajo presupuesto, al que los efectos del terremoto del sur de la Costa o el colosal derrumbe en Alausí muestran como postal de esperpento.
A la falta de acierto político del Ejecutivo y el bloqueo constante y planificado con el objetivo de sacar a Lasso del poder de una oposición feroz y mediocre se suma la falta de adecuada gestión de varias carteras de Estado con ministros que nunca asumieron la disposición presidencial de rendir cuentas en entrevistas de prensa y cuyo anonimato e ineficiente acción hacen sentir que el país está a la deriva.
Por si acaso, para evitar interpretaciones antojadizas, si la justicia descubre vínculos de las mafias del crimen organizado y el narcotráfico con cualquier actor político, el Ecuador democrático exige toda la verdad y la fuerza de la ley en medio de una crisis institucional donde la administración de Justicia también está debilitada por los habeas corpus y las medidas sustitutivas sospechosas, es otro gigante problemas que castiga a convivencia civilizada.
La memoria corta tapa los horrores del abuso, el autoritarismo y la falta de libertades, de una etapa sombría de nuestra historia, aunque el slogan de la propaganda suene muy real: «pero teníamos carreteras»’.
El país del encuentro no fue posible y más mundo en el Ecuador, parece hoy un anhelo sincero, pero tan lejano, tan lejano…
El juicio político y las alternativas de superación de la honda crisis, llaman a la cordura, la defensa de la vida, el derecho a vivir en paz y generar prosperidad, trabajo y seguridad paras todos. Tales las prioridades en estas horas oscuras de la patria.
