La fiscal especializada colombiana Consuelo Alexandra Montañez Dueñas, con amplia experiencia en unidades antisecuestro, antinarcóticos e interdicción marítima en ese país, hoy está bajo la lupa de la justicia.
Aunque no es la primera vez que se indaga a Montañez -en agosto de 2010 fue suspendida por el Consejo Superior de la Judicatura durante un mes por “haber actuado en contravía de sus deberes funcionales”-, ahora su nombre está vinculado a un resonado caso que impactó a la política ecuatoriana en 2012.
En efecto, la fiscal fue quien investigó el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en agosto de ese año en el norte de Bogotá. Ella llegó a un polémico preacuerdo, que hoy está bajo investigación de la justicia colombiana, con cuatro de los implicados en este hecho: Moisés Enrique Pérez Escobar, Diego Luis Moreno Navia, Jimmy Erley Navia Hurtado y Jaider Yajaira Valencia Lazzo.
Inusuales investigaciones en 2012
Desde un principio, el caso estuvo marcado por inusuales movimientos. El primero de ellos tuvo que ver con la forma en la que la fiscal Montañez asumió la investigación. El 6 de diciembre de 2012, Mery Patricia Conejo Téllez, Jefe de la Unidad de Fiscalías contra el Secuestro y la Extorsión, le envió una carta al entonces fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre.
En la misiva, Conejo le dice a Montealegre que evalúe la posibilidad de que el fiscal José Ignacio Umbrilla, que ya había avanzado en las investigaciones del secuestro, continuara al frente del caso. Entre otras, porque Umbrilla ya había tomado contacto con la víctima (Balda) y existía un “plan investigativo coherente y efectivo, dirigido a establecer la veracidad de los hechos”.
No obstante, la recomendación no fue tenida en cuenta y la cuestionada fiscal Montañez terminó haciéndose cargo de la investigación.