Quito, Ecuador
El asesinato de Fernando Villavicencio es un punto de inflexión en la historia política del país desde el retorno a la democracia. Nunca como ahora el Estado ecuatoriano ha enfrentado una amenaza de tal magnitud dentro de sus fronteras, un enemigo que, como señaló el ministro de defensa, Lenín Lara, ha declarado la guerra al Estado.
Hemos sido invadidos por las fuerzas del narcotráfico. Y estas, en su avance, se han apoderado de porciones de nuestro territorio, en las que han instalado sus cuerpos de combate, sus puestos de mando, sus estructuras logísticas.
Para enfrentarlas no bastan los patrullajes del ejército y la policía. Solo con eso no es posible desalojar al enemigo del territorio conquistado. Hay que contratacar, expulsar a los invasores y retomar el control y la administración del territorio liberado.
Se conocen muy bien sus posiciones. Se conoce dónde se encuentran sus refugios y dónde se toman las decisiones. Se conoce quiénes las toman. ¿Entonces?
Sabemos que el problema es extremadamente complejo, que sus aristas son múltiples, que resolverlo no es cosa de un día. Pero se deben tomar acciones urgentes.
Hay que ocupar militarmente los barrios que el narcotráfico ha conquistado y en los que ha instalado gobiernos paralelos. Y una vez que se los ha desarticulado, reafirmar la presencia del Estado a través de la ejecución de programas de empleo y desarrollo social para la población local, como la del Guasmo y la Isla Trinitaria, en Guayaquil; o la de las riberas del río, en Esmeraldas.
Hay que romper las cadenas de mando de los narcos aislando a sus jefes, a los capos que operan fuera y dentro de las cárceles, de acuerdo -con las variaciones necesarias- con el modelo adoptado por Italia con los capos mafiosos, que entró en vigencia en el año 1992 luego de los asesinatos de los jueces antimafia Falcone y Borsellino, y que se detalla en el artículo 41 bis.
El reo al que se aplica este artículo, “Vive en una celda individual sin contacto con el resto de presos y sin acceso a las zonas comunes; solo en algunos casos se le concede un par de horas al aire libre, siempre solos, y está sometido a una vigilancia continuada por agentes que no pueden mantener contacto con otros funcionarios. El preso (puede) recibir -solo en algunos casos- una visita al mes de una hora de sus familiares, separados por una mampara blindada, sin posibilidad de contacto físico, y además se controla (…) toda su correspondencia y no (tiene) acceso a libros o revistas”.
Sí. Conozco de antemano lo que se puede decir contra esta medida -aplicable solo a los capos del crimen organizado-, pero sé, también, que la seguridad de los ciudadanos es la función principal de un Estado y que si esta no se cumple a cabalidad la comunidad política se desintegra y volvemos al estado de naturaleza, donde las acciones de los grupos e individuos no tienen límites y donde, en lugar de la ley, gobiernan la arbitrariedad y la violencia.
Aparte de las medidas anteriores, es urgente depurar el aparato judicial y la fuerza pública, y los mismos partidos y movimientos políticos, de manera que se impida la presencia de miembros que tienen línea directa con “Fito” o con “Pipo”. A esto deberían comprometerse los actuales candidatos a la presidencia de la república y las dirigencias de todos los partidos y movimientos, y hacerlo, hacerlo en un plazo perentorio.
¿De dónde salen los políticos delincuentes si no es de estas organizaciones? Algo, pues, está fallando en los mecanismos de reclutamiento de cuadros de las organizaciones políticas. Fallo que deriva, entre otros factores, de su naturaleza de máquinas electorales.
Ya en el año 2020 publiqué un artículo en el que llamaba la atención sobre la necesidad de romper el “pacto de impunidad”, cuyo mantenimiento, según Anabel Hernández, es lo que ha permitido que, pese a las acciones policiales y militares desplegadas, el narcotráfico en México siga imperando. Romper el “pacto de impunidad” significa acabar con la protección política de los delincuentes y el lavado de dinero.
Poco, demasiado poco se ha hecho en relación con este último punto, así como en relación con la depuración del sistema de justicia. En no más de un mes la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía deberían presentar un plan con las medidas más urgentes para cumplir este objetivo, y la UAFE debería hacer lo propio respecto del control del lavado de dinero, con el apoyo de la asociación de bancos del Ecuador y las cámaras empresariales.
No. No queremos el autoritarismo de Bukele. Queremos la capacidad de decisión y la firmeza de Zelenski. Y un acuerdo nacional para combatir el crimen en el que cada actor asuma su tarea.
