Ávila, España
Hace unos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó ampliamente las elecciones y consiguió la reelección en el cargo, que viene ostentando desde junio de 2019. Su popularidad se debe al éxito indiscutible en la política de seguridad interna, pues ha conseguido derrotar a los grupos delincuenciales organizados que tenían sometido al país.
La estrategia utilizada es la de decretar estados de excepción que permitan a las fuerzas del orden detener a los criminales y enviarlos al sistema penitenciario. Los críticos sostienen que en ese proceso se han cometido violaciones de los derechos humanos y se han detenido a personas inocentes. Evidentemente, es importante que se sigan todas las garantías judiciales en el marco de un estado de derecho propio de una democracia liberal y en la medida en que esto no se cumpla debe denunciarse.
Empero, no podemos comparar la situación de inseguridad que se vive en Europa con la que existe en muchos países de Hispanoamérica. Ante situaciones como la que está viviendo Ecuador y por la que han pasado y siguen pasando México o Colombia, no hay medias tintas que valgan. Gracias a esta política de mano dura contra el crimen, El Salvador ha pasado de ocupar el puesto del país más inseguro al de uno de los más seguros del continente americano, según los datos de Latinometrics.
Esto se ha traducido en una menor emigración, en un país que desde la guerra civil (1979-1992) envía a gran parte de sus jóvenes a Estados Unidos, y en un aumento de la inversión extranjera, como ha explicado Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, en un artículo titulado “El milagro Bukele”.
Ahora que se está discutiendo la posible dolarización de Argentina es interesante recordar que El Salvador se dolarizó oficialmente en 2001, poco después de Ecuador, aunque en un contexto muy diferente, pues a diferencia del país andino, la situación macroeconómica era estable. Existía un tipo de cambio fijo de 8,75 colones por dólar, pero los tipos de interés en colones eran mucho más altos que los tipos de interés en dólares.
Para fomentar el crecimiento económico y atraer la inversión extranjera, el gobierno del momento decidió dolarizar. El ideólogo de este proceso fue Manuel Hinds, que fue ministro de Hacienda del país entre 1994 y 1999. La dolarización consiguió reducir las tasas de interés y la inflación, que convergieron con las de Estados Unidos. Aunque es cierto que la economía no ha crecido como se esperaba, esto no se debe a la dolarización sino a problemas de la economía real (exceso de burocracia, falta de reformas estructurales, elevada deuda pública, etc.) y a la inseguridad que tenía el país.
En junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin que impulsó el gobierno de Bukele y que otorga rango de curso legal y forzoso a esta criptomoneda descentralizada. De esta forma, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el criptoactivo como medio de cambio, en este caso en coexistencia con el dólar. Entre los objetivos declarados por Bukele está abaratar el envío de remesas de los emigrantes y fomentar la inversión en el ámbito de las finanzas descentralizadas.
En un primer momento, se desarrolló una billetera electrónica, la Chivo Wallet, y se regaló 30 dólares a cada usuario. Sin embargo, más allá de ese primer uso para beneficiarse de esa medida, el número de transacciones por este medio es marginal. Según datos del Banco Central de Reserva, el número de remesas enviadas a través de Chivo es muy reducido y hay encuestas que señalan que más del 70% de la población rechaza el uso de bitcoin.
Es cierto que bitcoin tiene muchas ventajas como activo real digital (no está controlado por los gobiernos ni bancos centrales, no hay intermediarios, su oferta monetaria a largo plazo es rígida y es inconfiscable, por lo que garantiza el derecho de propiedad) pero es difícil que se convierta a corto y medio plazo en un medio de pago generalmente aceptado debido a su gran volatilidad. Esto genera un gran riesgo cambiario que asume el gobierno a través de un fondo público al que se dotó inicialmente con 150 millones de dólares.
El riesgo macroeconómico que supone invertir dinero público en un activo de estas características es evidente y el gobierno apuesta a una revalorización de bitcoin a largo plazo que puede darse, pero lo cierto es que hasta hace pocos meses el precio de bitcoin no había experimentado nuevas subidas. Según el Dr. Sergio Náñez, profesor de la Universidad Católica de Ávila, entre el 6 de septiembre de 2021 y el 6 de octubre de 2022 las pérdidas latentes fueron del 32%. Es cierto que estamos hablando de pérdidas o ganancias potenciales, pero se trata de una jugada muy arriesgada.
El gobierno creó una plataforma para hacer un seguimiento de las compras y de los resultados obtenidos. Bukele también planteó emitir bonos para financiar la compra de bitcoins y crear una Bitcoin City donde los mineros digitales tendrían unas condiciones fiscales muy favorables y se usaría la energía geotérmica de los volcanes para el proceso de minería. En general, estas medidas para impulsar bitcoin están siendo muy opacas y no están teniendo el éxito esperado.
Aunque la adopción de bitcoin despertó muchas simpatías entre los liberales de la región, lo cierto es que no se ha implementado correctamente. Una de las críticas liberales que pueden hacerse a este proyecto es que el criptoactivo tenga curso forzoso cuando hubiera bastado con permitir su uso sin establecer restricciones o prohibiciones, como han hecho otros países. De hecho, el propio Manuel Hinds ha calificado esta medida como “surrealismo monetario” en un estudio que lleva el mismo nombre.
En definitiva, luces y sombras en un gobierno que ha despertado el interés mediático más por la primera de las políticas analizadas que por la Ley Bitcoin, pero que se enfrenta a grandes retos para esta nueva legislatura, tanto en materia de seguridad como en las cuestiones económicas y financieras.
