Tras varias horas de audiencia la Fiscal General del Estado Diana Salazar ha pedido prisión preventiva en contra del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes; su mujer, Mónica Alvarado Bardi; un primo suyo, Fausto Alarcón Gómez, siete jueces de la Corte de Justicia de Guayaquil y dos funcionarios administrativos de la Corte.
Los siete jueces son Johan Marfetán Medina, Reinaldo Cevallos Cercado, Henry Taylor Terán, Alberto Lino Tumbaco, Guillermo Valarezo Cuello, Nelson Ponce Murillo y Fabiola Gallardo Ramia.
Mercedes Villarreal Vera, actual directora provincial de Control Disciplinario de Guayas, y Saúl Mero Zambrano, funcionario administrativo de la misma institución, están también entre los acusados.
Salazar a identificado a los que describió como los cabecillas de una red criminal que traficaba con la justicia durante la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolla desde la noche del lunes 4 de marzo y se extendió hasta la mañana de este martes 5 de marzo del 2024.
La fiscal general solicitó al juez nacional Javier de la Cadena, tras justificar su petición con varias pruebas, que dicte prisión preventiva contra 11 procesados por delincuencia organizada y para Reinaldo Efraín Cevallos Cercado, juez de la Sala Penal de la Corte del Guayas, pidió arresto domiciliario por ser mayor de 65 años.
Audiencia hasta la madrugada
El magistrado instaló la audiencia de formulación de cargos contra 12 personas investigadas dentro del caso Purga, a las 21:00 de este lunes. La diligencia se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
La Fiscalía General del Estado tiene previsto procesarlos penalmente por el presunto delito de delincuencia organizada. Ese ilícito es sancionado con cárcel de siete a diez años, según el artículo 369 del Código Integral Penal (COIP).
Tras escuchar los alegatos presentados pos los abogados de los acusados el juez De la Cadena decidió calificar la legalidad de las detenciones y desechó los argumentos de las defensas.
Los abogados argumentaron que no se permitió a los procesados tener acceso a un abogado durante los allanamientos, o que el formato de la boleta de detención decía que era para fines investigativos. Sin embargo tras la decisión del juez que sustancia la causa, la fiscal general Diana Salazar comenzó, pasadas las 22h30 la formulación de cargos a cada uno de los detenidos.
