Guayaquil, Ecuador
Luego de las revelaciones que están saliendo con motivo del reciente operativo liderado por la fiscal general, Dra. Diana Salazar, y que lo ha identificado con el sugestivo nombre de “Purga”, es necesario preguntarse si hemos llegado o estamos llegando a un punto de inflexión. Y si es así, qué vamos a hacer.
Ya no hay dudas sobre el grado de tutelaje que las organizaciones criminales han estado ejerciendo sobre el Estado, especialmente sobre el sistema judicial. Y al hablar de organizaciones criminales debemos ahora sí –ya las evidencias son abrumadoras– incluir a buena parte de las organizaciones políticas. Hasta ahora el país tenía una idea de que los jueces y magistrados, salvo poquísimas excepciones, no estaban al servicio de la justicia sino de los intereses de los caciques de turno. Lo que ha hecho la fiscal general es despertarnos a los ecuatorianos y mostrarnos que el asunto es más grave y mucho más complicado de lo que muchos pensaban; que hoy la simbiosis entre justicia, corrupción y política tiene al narcotráfico como un nuevo actor.
Y es que los políticos responsables de usar a la justicia como un trapeador para enriquecerse o para protegerse, para vengarse o para perseguir, no caen en cuenta que con su conducta lo que han hecho es debilitar la institucionalidad judicial a tal punto que se la han entregado en bandeja de plata al narcotráfico y los carteles. Y no han caído en cuenta de semejante barbaridad porque a esta caterva no les interesa el país. Así de simple. Si hoy el narcotráfico y las pandillas criminales se ha instalado cómodamente en varios espacios del andamiaje estatal es gracias a esa banda de demagogos que viene jugando con la justicia desde hace décadas.
Como si lo anterior no fuese suficiente, con el mayor cinismo, buena parte de la dirigencia política se apresta ahora a enjuiciar políticamente nada menos que a la propia fiscal general. Es una bofetada al país salir a decirnos que votaron a favor de que sea enjuiciada a conciencia de que no había razones para ello, con el único fin de votar en contra de su censura cuando llegue el momento. Es increíble este razonamiento. Es calcado de las prácticas de la mafia siciliana. Lo que buscan es enviarle el mensaje a la fiscal de que debería “portarse bien”, que debería estarles agradecida, pues ellos con sus votos la van a salvar de ser destituida. ¿Creen que el país no se da cuenta de estas cosas? ¿No sienten un poco de vergüenza de usar este tipo de mañoserías con perfume de chantaje?
Lo que las mafias están apostando es que la purga pase pronto y las cosas continúen como siempre. A lo sumo unos pequeños retoques cosméticos aquí y allá, pero nada más. Eso sería fatal. La ciudadanía debe reaccionar. Urge abordar en toda profundidad los problemas que sufre el sistema judicial y que no son fáciles ni pocos. Sin un sistema judicial independiente no hay ni democracia ni desarrollo económico. Y menos, mucho menos, seguridad ciudadana. Lo dicen y confirman múltiples estudios internacionales. Que nuestras élites sigan sin entender esta relación entre la economía y la justicia es simplemente reflejo de su mediocridad y probablemente de su complicidad. Pero el país no puede seguir soportando esta situación. Lo que está en juego ahora es nuestra propia existencia y futuro.