De manera unánime, un Tribunal de la Corte Nacional descartó la apelación a la prisión preventiva pedida por el exministro de Estado, Javier Córdova, este 19 de marzo del 2024.
Con esta decisión de los jueces, la orden de prisión para el exministro de Correa y Moreno quedó ratificada. Así lo confirmó la Fiscalía, por medio de su cuenta de X. Por su parte, la Corte Nacional indicó que negó el pedido del exministro porque está fuera del Ecuador.
Córdova está procesado por el aparente delito de enriquecimiento ilícito. El 10 de enero del 2024 fue la audiencia de formulación de cargos en su contra.
#AHORA | Con la presencia de la fiscal general, @DianaSalazarM2, se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por Javier C., exministro de Estado, procesado por presunto #enriquecimientoilícito. pic.twitter.com/fq9Nj7gBLd
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 19, 2024
Allí le dieron prisión preventiva y el juez nacional Marco Rodríguez dispuso de su localización y captura. El magistrado solicitó que se oficie a la Interpol para que rastree su ubicación, sobre todo en Estados Unidos y Colombia.
Córdova fue ministro de Minería, entre febrero de 2025 y mayo del 2017, durante el gobierno de Rafael Correa. Y mantuvo ese cargo hasta enero del 2018, durante la administración de Lenín Moreno.
Ocupó cargos públicos como Ministro del Interior, Ministro de Recursos Naturales No renovables y Ministro de Minería.
Investigación de Fiscalía contra el exministro Córdova
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2012 y 2018, mientras estuvo en la función pública, el patrimonio Córdova se incrementó de forma injustificada en USD 1,2 millones.
El incremento patrimonial se produjo de manera constante por medio de actividades financieras como el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, transferencias y cheques por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos tuvieran justificación o respaldo documentado alguno.
Según Teleamazonas, también con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos realizados por terceros, depósitos o transferencias y la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.