Quito, Ecuador
El mal uso del derecho, es decir, el empleo de una norma para violar otras o cumplir objetivos que violan las reglas establecidas se ha convertido en un lugar común en la convivencia interna de nuestros países e, incluso, en las relaciones entre ellos.
Este mal uso se ha dado a costa de la justicia y pone en peligro la validez del derecho como regulador de las relaciones entre los países y las personas. El problema es muy grave. Y el conflicto diplomático entre Ecuador y México, suscitado por la indebida concesión de asilo político a Jorge Glas por parte del gobierno mexicano, es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de promover el manejo responsable del derecho, sin el cual, este se convierte en simple letra muerta o en un mecanismo para generar injusticia.
El derecho, no debe olvidarse, es, ante todo, un instrumento de protección, que señala los límites en los que debe desenvolverse el comercio humano. Cuando se hace un mal uso de él, se lo desnaturaliza. Las acciones constitucionales de protección para los miembros de las mafias locales y el asilo político concedido contra normas expresas son medidas que vacían de contenido el derecho y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en las normas jurídicas y las instituciones.
La violación de una norma puede, como reacción, provocar la violación de otras normas. Esto es lo que ha pasado en el actual conflicto entre México y Ecuador. Pese a que en el artículo tercero de la Convención de Asilo Político, adoptada en Caracas en el año 1954, se establece que “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”, el gobierno mexicano otorgó el estatus de asilado político a Jorge Glas, sentenciado y procesado por la justicia ecuatoriana y cuya defensa, según indicios recientes, fue financiada por el narcotraficante Leandro Norero.
Es decir, por un miembro de una organización criminal del tipo de los que AMLO quería enfrentar con abrazos. “Abrazos, no balazos”, fue el lema de su estrategia contra el crimen organizado.
En reacción a una medida claramente ilegal, el gobierno ecuatoriano autorizó el ingreso de la fuerza pública en la embajada mexicana, lugar que, para todos los efectos, es territorio de dicho país. La decisión del gobierno ecuatoriano es, también, una violación del derecho internacional, específicamente, del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que, en el numeral uno, señala que “Los locales de la misión son inviolables. (Y que) Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.
AMLO, el abrazador de criminales, haciendo un uso irresponsable del derecho, ha intentado burlar a la justicia. Esto se ha impedido, pero a costa de contravenir el derecho internacional. La decisión del presidente mexicano no solo ha provocado un conflicto diplomático entre dos países hermanos, sino que ha puesto en conflicto al derecho y la justicia. Y, de este modo, ha contribuido a erosionar la validez y la eficacia del derecho: esa creación humana que nos ha protegido de la ley de la selva.
