Una tribunal de Ecuador inició este lunes el juicio contra cuatro exagentes vinculados en un caso de desaparición forzada de tres personas durante una polémica operación policial que hace 20 años dejó además ocho muertos.
La Fiscalía General del Estado, en su cuenta de la red X, informó que se instaló este lunes la audiencia de juicio contra los expolicías identificados como Erick S., Mario C., Aurelio Ch. y Marcos V. por la presunta «desaparición forzada de 3 personas» en noviembre de 2003.
Durante la audiencia del caso conocido como ‘González y otros’, el Ministerio Público presentó a siete testigos, entre ellos familiares de las víctimas, agregó la fuente.
La Fiscalía indicó que este martes continuará la audiencia del caso que también se conoció inicialmente como ‘Fybeca’, el nombre de una cadena de farmacias donde ocurrieron los hechos.
En noviembre de 2014, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó a 16 años de prisión a cinco expolicías acusados de perpetrar una «ejecución extrajudicial» en la operación armada en un local de Fybeca en Guayaquil.
El caso, conocido también como caso ‘Las Dolores’, por ser el nombre en común de algunas esposas de las víctimas, ocurrió en noviembre de 2003 cuando al menos ocho personas fueron abatidas en una farmacia de Guayaquil, tras una irregular operación policial ejecutada contra presuntos asaltantes.
Asimismo, tres personas fueron declaradas como desaparecidas, aunque un fotógrafo de prensa captó una imagen del momento cuando un agente llevaba a uno de ellos esposado y con el rostro cubierto.
De ese episodio surgió una historia de perseverancia protagonizada por las esposas de tres de las víctimas conocidas como ‘Las Dolores’, quienes reclamaban por el aparente asesinato sin motivos de sus maridos, uno de ellos abatido por la espalda.
El tribunal que condenó en 2014 a los expolicías por la «ejecución extrajudicial» ordenó también el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas y que el Estado presentara disculpas públicas.
En principio, el caso fue clasificado como un «delito en función», aunque luego fue tramitado como un «delito común» en el entorno de graves violaciones a los derechos humanos. EFE (I)