El Gobierno de México acusó este martes 30 de abril de 2024 a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de «cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional» por el asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, al que México había concedido el asilo.
Jorge Glas tenía dos condenas en firme y una orden de prisión provisional por una investigación de la Fiscalía por supuestas irregularidades en la reconstrucción de Manabí cuando México le concedió asilo político. La Convención de Caracas sobre Asilo Político, de 1954, establece que no pueden recibir asilo político quienes hayan sido condenados por delitos comunes.
«Hay líneas en derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República de Ecuador las ha cruzado. Las acciones de Ecuador no sólo infringen los límites establecidos del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional», explicó el representante mexicano en la corte con sede en La Haya, Alejandro Celorio.
La CIJ celebra hoy la primera audiencia pública sobre la irrupción de la Policía de Ecuador en la Embajada de México y la agresión al personal diplomático en la noche del viernes 5 de abril y en este martes es el turno de México para presentar sus argumentos sobre las supuestas violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador.
Celorio insistió en que Ecuador ha infringido «una de las piedras angulares que gobiernan las relaciones entre Estados» con sus acciones en Quito y subrayó que en el núcleo de su caso concreto está «la certidumbre legal de cualquier otro Estado soberano, organización internacional o tribunal».
Asalto a la embajada mexicana
El representante mexicano, que habló de una «duda preocupante» sobre las intenciones de Quito en el asalto a su embajada y le acusó de «negligencia deliberada» hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto, señaló que esta incursión «muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo».
Celorio dijo que, incluso después del incidente, las declaraciones de los representantes ecuatorianos no han hecho más que aumentar su preocupación e insistió en que la inviolabilidad de los recintos diplomáticos está garantizada incluso en la legislación ecuatoriana.
«No se nos han dado garantías creíbles para evitar nuevas infracciones ni Ecuador ha reconocido totalmente su obligación de no entrar en las premisas de México», incidió Celorio.
Los argumentos mexicanos abren dos días de audiencias en la CIJ para escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países.
México ve necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicita a la CIJ exigir a Quito «tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas».
Medias cautelares
Además, cree que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México «despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos», y que «no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión» que la CIJ pueda emitir sobre el fondo de la disputa.
Después, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio.
EFE
