La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ha solicitado formalmente a la Corte Nacional de Justicia, a última hora del lunes 10 de junio de 2024, que se fije fecha y hora para procesar a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el delito de concusión.
“Toda vez que dentro de la presente instrucción han aparecido datos de los que se presume la participación en los hechos que se investigan de los ciudadanos: María Verónica Abad Rojas, (…), y Daniel Lenin R. P., (Redrován), y, además que los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos; solicítese al señor Juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que (…) se sirva señalar día y hora a fin que tenga lugar la audiencia para vinculación a la instrucción fiscal de las personas antes indicadas y en la misma, con atención a los principios procesales de oralidad, concentración y contradicción, se conozca la motivación de Fiscalía para la reformulación de cargos de oferta de tráfico de influencias a concusión”, ha señalado la fiscal Salazar en su impulso, citado por El Universo.
La vicepresidenta Abad y Daniel Lenin Redrován deberán rendir su versión el 13 de junio, a las 09h00 y 10h00, respectivamente, vía telemática, en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel. Para el cumplimiento de lo señalado se remitió un memorando a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado.
También se ha requerido autorización judicial para la exhibición, reconocimiento, preservación de integralidad de la información, explotación, extracción, análisis, transcripción de toda la información contenida en un celular marca IPhone 7 Plus, color negro, de propiedad del denunciante, ingresado con cadena de custodia.
Oficios
La Fiscalía ha enviado un oficio al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que, en el plazo de 48 horas, se remitan copias certificadas de las credenciales conferidas a Verónica Abad Rojas, en calidad de Vicepresidenta de la República.
Y otro al Registro Civil para que, también en el plazo de 48 horas, se remitan los certificados biométricos de María Verónica Abad Rojas y Daniel Lenin Redrován.
El caso empezó la madrugada del viernes 22 de marzo de 2024, cuando la jueza María Fernanda Castro, dictó orden de prisión en contra de Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta, en un caso que investiga un presunto tráfico de influencias.
Barreiro fue detenido en Cuenca, acusado de pedir US$1.700 a una persona para entregarle el nombramiento de coordinador de Comunicación de la Vicepresidencia de la República.
El denunciante declaró que el hijo de la Vicepresidenta, que no es funcionario público, y un asesor directo de ella, Daniel Redrován, lo citaron a inicios de 2024 en un hotel de Quito para pedirle un porcentaje de su sueldo a cambio del puesto de trabajo.
Barreiro Abad fue enviado ese mismo día a la prisión de máxima seguridad de La Roca, en la Penitenciaría de Guayaquil, por decisión del Servicio Nacional de Asistencia Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI.
Inmunidad
Como la vicepresidenta de la República goza de inmunidad, para dar paso al procesamiento, la Asamblea Nacional deberá pedir a autorización al Pleno para que sea juzgada. En la Asamblea se necesitan 92 votos para dar paso al juicio.
Abad aún no es notificada de su vinculación, porque antes debe ser aprobado por la Asamblea.
«No hay notificación alguna, en absoluto, el fiscal hizo un video y lo publicó y no hay vinculación si no aprueba la Asamblea», dijo Bolívar Torres, asesor de la Vicepresidente.
En caso de que el Legislativo de luz verde, un juez de la Corte Nacional conocerá el caso y dictará las medidas cautelares que considere correspondientes. Se barajan las opciones de presentaciones periódicas e incluso la prisión preventiva. De ocurrir esto último, se puede configurar una ausencia temporal, lo que puede dar cabida a que Abad pierda su puesto y en consecuencia no asuma la presidencia cuando Noboa pida licencia para hacer campaña en las elecciones de 2025.
En contra de Abad también se puede activar un juicio político desde la Asamblea, cuando se configura un presunto delito de concusión. Para esto se necesita el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
Verónica Abad tiene un distanciamiento con el presidente Noboa desde antes que asumieran el poder el pasado 23 de noviembre, tras ganar unas elecciones extraordinarias para sustituir al conservador Guillermo Lasso (2021-2023).
En mayo de 2024, el viceministro de Gobierno Esteban Torres, ha dicho en una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, que sería «nefasto» que la vicepresidenta Verónica Abad asuma la presidencia de la República si el presidente Daniel Noboa pidiera licencia para candidatizarse a la reelección.
