Quito, Ecuador
En Ecuador, se afirma, hay 168 “santuarios criminales”, es decir, 168 territorios en los que los delincuentes han instaurado un régimen de servidumbre, en el que los ciudadanos han dejado de ser sujetos de derechos para convertirse en sus siervos y tributarios.
Se esperaba que con la declaración de “conflicto armado interno” y las operaciones combinadas de las fuerzas armadas y la policía para combatir al crimen organizado se liberara a los ciudadanos de dicha servidumbre y se les devolviera la posibilidad de ejercer sus libertades y derechos.
No ha ocurrido así. Y el único avance que el gobierno presenta es la disminución de la tasa de muertes violentas en ciertas zonas. Ante este dato, la primera pregunta que uno se hace es: ¿disminución de las muertes violentas de quiénes? Y luego, ¿cómo es que en plena arremetida de la fuerza pública contra las grandes bandas criminales, entre enero y julio de 2024, los secuestros y extorsiones se han triplicado en relación con el total de estos delitos en el mismo período de 2023?
Pero no solamente han aumentado los secuestros y extorsiones, sino que los delincuentes asesinan a mansalva a personas indefensas, como a ese niño de diez años, hijo de un conductor de autobús urbano, al que asesinaron con un balazo en el corazón mientras acompañaba a su padre en sus faenas.
Usurpar el poder del Estado en los territorios que controlan no significa que los maleantes se hayan convertido en autoridades, sino en amos con un poder ilimitado sobre unos súbditos de cuyos bienes y vidas disponen a discreción.
Como afirma un personaje de un cuento de Camus, mientras el bien nunca se alcanza en su totalidad, “el mal puede llegar hasta sus límites y reinar absolutamente”. Que lo diga si no la mujer de sesenta y cuatro años, secuestrada por la banda de Los Tiguerones, en Guayaquil, a quien sus captores le cortaron un dedo del pie, le arrancaron las uñas, le quemaron los pies con velas encendidas y le agredieron sexualmente.
En una guerra, interna o no, quienes se enfrentan ponen en riesgo su vida, pero en el conflicto armado del Estado ecuatoriano contra las bandas delincuenciales que operan en el país, los que ponen en riesgo su vida son los miembros de la fuerza pública y, sobre todo, los civiles a los que no consiguen proteger.
Los criminales, en cambio, no ponen en riesgo más que su libertad: un riesgo mínimo, pues, como todo el mundo sabe, estos siempre encuentran jueces dispuestos a liberarlos en el menor tiempo posible.
Si se toma en cuenta el tipo de riesgos que, en su enfrentamiento, asumen los miembros de la fuerza pública y los de las grandes bandas criminales, no puede, en sentido estricto, hablarse de guerra, sino, cuando más, de una operación policial ampliada, cuyo objetivo no apunta a derrotar a las bandas, sino, en el mejor de los casos, a contenerlas; aunque, como muestra el notable aumento del total de secuestros y extorsiones en el año en curso, este objetivo no se está logrando.
En Ecuador, en la actualidad, conviven dos regímenes de gobierno: el uno es una democracia maltrecha, y el otro, al que están sometidos muchos ecuatorianos, especialmente de la Costa, un régimen de servidumbre gobernado por los criminales.
La forma de enfrentar la guerra contra el crimen organizado, como si se cuidara de que el nivel de bajas y pérdida de recursos de quienes han sometido a tantos ecuatorianos a una cuasi esclavitud sea el mínimo posible, muestra que al Estado le importa más la integridad de los delincuentes que someten a su pueblo que la integridad, la vida y las libertades de los ciudadanos que debe proteger.
Si se trata de una guerra, hay que actuar en consecuencia, y luchar hasta que el enemigo no se pueda rehacer.
