Las dos caras del Yasuní

Eduardo Peña Triviño

Guayaquil, Ecuador

El cierre de los pozos del Yasuní enfrenta dos posiciones políticas de gran trascendencia actual y futura. Por una parte, la conservación de la naturaleza y la salud de las personas que habitan en su zona de influencia y, por otra, el interés del gobierno que representa a la nación, por la disminución de los ingresos por la venta de crudo, y además los gastos que demanda el cierre de los pozos. La decisión nace de una consulta popular del año pasado, expresión muy clara de la democracia directa.

Quienes promueven el cierre son personas y organizaciones para quienes la conservación del medio ambiente es un valor que está por encima de cualquier otro interés. No proponen cómo sustituir la falta de 2.400 millones porque es problema del gobierno. No se ofrece una alternativa para hacerlo. Por su parte, el gobierno ha propuesto a la Corte Constitucional un plan a cinco años plazo para completar el cierre de los pozos.

El mandato popular es claro. ¿Cómo se llegó a la decisión? La propuesta de los Yasunidos fue atractiva y con mucho sentido. El gobierno anterior no tuvo reacción. No explicó las implicaciones económicas para la caja fiscal. Se confió ¿en qué? No pensó en las consecuencias económicas que debía enfrentar si perdía la consulta. Nunca expresó objeciones, tal vez preocupado por sobrevivir.

Escribí antes “democracia directa”. La practicaron los griegos antiguos, que la inventaron. El pueblo reunido en asambleas decidía él mismo sobre los asuntos de gobierno, declaraba las guerras, ajustaba las paces, establecía contribuciones. A veces se equivocaban, como cuando condenaron a Sócrates a beber la cicuta. Se lucían los grandes oradores como Demóstenes, cuyos discursos han trascendido las edades, desde el siglo cuarto antes de Cristo, cuando fueron pronunciados ante los atenienses. Inspiró a otro de los grandes oradores antiguos como Cicerón. Son modelo de exposición lógica y convincente. Me permito destacar un detalle que no se menciona mucho. Las personas a quienes estaban dirigidos eran capaces de entender argumentos, tenían capacidad de análisis, eran ciudadanos libres y sus decisiones los implicaban personalmente porque ellos mismos eran los soldados que tenían que luchar en las guerras que declaraban. En esa época todavía no se habían creado los ejércitos profesionales. No eran ajenos al gobierno. Eran el gobierno. No esperaban que otros les resolvieran sus problemas.

Vivimos una democracia indirecta. Las consultas son la excepción. Al gobierno le corresponde explicar al pueblo las consecuencias de sus decisiones. No lo hizo el anterior. El actual paga los resultados de una resolución popular que no tuvo información suficiente.

Explicar razones no es perder el tiempo. Al contrario, es ilustrar a quienes deben tomar decisiones inteligentes. Las voluntades deben expresarse con libertad y conciencia. En los contratos solemnes, la autoridad debe preguntar si los contratantes concurren libre y voluntariamente. En estos casos, la libertad implica conocer lo que se hace y estar dispuestos a sufrir las consecuencias, por ejemplo, aumentar los impuestos porque ningún gobierno es taumaturgo. 

Con el 93,69% de las actas escrutadas, el Sí ganaría la consulta del Yasuní.

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