Guayaquil, Ecuador
Imagínense que viven dentro de una relación de pareja con una persona con la que, por distintas circunstancias, terminan, vuelven, terminan y vuelven de forma recurrente en el tiempo. Ahora imagínense que su familia no hace más que criticar la relación con su pareja, afirmando que es contraproducente con sus objetivos a largo plazo y con el bienestar suyo y de sus allegados. Bueno, una relación similar la encontramos en el estrecho vínculo cuasi romántico que tiene el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los últimos años.
Siguiendo con la analogía, la sociedad ecuatoriana representa la familia, el FMI es la pareja tóxica y el Estado ecuatoriano la persona confundida que no sabe qué quiere, qué necesita y que debe de hacer y no hacer para alcanzar el bienestar suyo y el de su familia. Esa es la realidad ecuatoriana.
Desde el año 2020, posterior a la renegociación de bonos de deuda externa llevada a cabo con éxito en el marco de la pandemia, el Estado ecuatoriano comenzó a firmar acuerdos de financiamiento con el FMI de forma reiterada. De hecho, los últimos tres presidentes de la república han acudido al FMI en busca de recursos. Estoy seguro de que la insistencia en esta medida le plantea una serie de incógnitas a la ciudadanía: ¿Por qué solo se le pide prestado al FMI? ¿Por qué, a pesar de los acuerdos, la situación económica del país sigue empeorando? ¿Realmente son buenos o malos estos acuerdos?
Empezando por el principio, ¿por qué el FMI? La realidad es que el Estado ecuatoriano es a la deuda lo que el aire es a las personas. Tenemos que entender que, si los políticos insisten en gastar por encima de lo que ingresan van a necesitar buscar acreedores que estén dispuestos a prestarle recursos. ¿El problema? Si mantienen esta situación en el tiempo es normal que vayan perdiendo paulatinamente financistas, reduciendo sus opciones como Estado para sostener su gasto. Ecuador perdió acceso al mercado de capitales hace años. ¿Qué nos queda? Confiar en los burócratas internacionales del FMI que, al parecer, son los únicos dispuestos a salir a declarar que Ecuador “hace las cosas bien” cuando, ni siquiera en materia fiscal, se pueda afirmar que las hagamos bien.
Aun cuando se han firmado tres acuerdos en los últimos años, los ecuatorianos hemos presenciado en primera fila cómo las condiciones económicas de nuestro país se han descompuesto con el pasar del tiempo. ¿Y no que los programas con el FMI traen consigo reformas estructurales que pretenden impulsar la actividad económica? ¿Por qué entonces las autoridades cada vez que firman un acuerdo salen a entrevistas a declarar las bondades en materia económica que nos puede ofrecer ese convenio? La realidad es la siguiente: entre las reformas que plantea el FMI encontramos una de cal y una de arena.
Por desgracia, y debido al quemeimportismo tradicional de la política ecuatoriana, normalmente desechamos las reformas que realmente nos harían bien, quedándonos con las medidas parche, cortoplacistas, tibias y poco eficientes. Ahí tenemos, por ejemplo, tres puntos más de IVA, una reducción, positiva pero insuficiente, de los subsidios a los combustibles, o el compromiso con el multilateral de subir el impuesto a la renta.
Entonces, ¿es bueno o no es bueno tener al FMI tan cerquita? Yo planteo una respuesta con dos aristas: por un lado, es bueno que mantengan vivo en el debate nacional la necesidad de llevar a cabo un ajuste fiscal, reducir el endeudamiento, abrir el libre flujo de capitales, flexibilizar el mercado laboral, entre otras medidas necesarias y beneficiosas.
Por otro lado, que ese tipo de reformas positivas dependan en última instancia de la política nacional hace que, en la realidad, los recursos que otorga el FMI a los gobiernos ecuatorianos sólo sirvan para darle un poco de oxígeno electoral a cada uno de ellos. No les interesa aprovechar el respaldo financiero del FMI para impulsar una agenda de reformas estructurales en el país. Les interesa extender la mano, recibir el financiamiento y rezar para que eso les alcance para pagarle los sueldos a los empleados públicos, a la espera de que termine su mandato para que sea el próximo el que lidie con el grueso del problema.
Si bien el gobierno socialista generó el problema fiscal en Ecuador, los gobiernos posteriores poco o nada han sabido o podido hacer para solucionarlo. Esperemos que si el problema se les llega a ir de las manos la sociedad sepa recordar y señalar a los culpables.
