Sobre los derechos relacionados con las mujeres, el Comité reconoce como positiva la aprobación una ley que regula el aborto en casos de violación. Sin embargo, también lamentó que la interrupción del embarazo siga considerándose un delito, salvo en casos específicos (violación o amenaza para la vida o la salud de la madre).
El Gobierno ecuatoriano envió a la sesión del Comité una delegación liderada por el procurador general, Juan Carlos Larrea, y la ministra de la Mujer y Derechos Humano, Arianna Tanca
El Comité de la ONU denunció la persistencia de un entorno de estigmatización, discriminación y violencia contra las personas LGTBI, así como las informaciones según las cuales se seguiría practicando en centros clandestinos la denominada «terapia de conversión».
Cuestionamientos a los estados de excepción
El Comité también expresó su alarma por la militarización de la gestión de las cárceles en Ecuador; además de informaciones sobre «infiltración del crimen organizado”. Esto porque que estaría impidiendo el correcto funcionamiento del sistema penitenciario.
También pidió al gobierno que reduzca el hacinamiento carcelario y el elevado número de personas en prisión preventiva.Por otra parte, el órgano de la ONU criticó la aparente normalización de los estados de excepción a nivel nacional y local. Planteó que estos se renuevan una y otra vez desde hace seis años. Recordó que esto solo debería ocurrir en situaciones verdaderamente excepcionales.
Señaló que por esa razón varios derechos fundamentales, como la libertad de circulación, de asociación o de reunión, han sido limitados «de forma considerable y desproporcionada». Añadió que eso afecta sobre todo a indígenas, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y gente pobre. EFE