Quito, Ecuador
En el contexto de las Elecciones Generales de 2025, las acciones del presidente-candidato Daniel Noboa han generado serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral. Una de las principales irregularidades señaladas es el presunto uso indebido de recursos públicos y la manipulación del voto, como lo evidenció su discurso desde la terraza del Palacio de Carondelet el 5 de enero pasado.
Quien no perciba la naturaleza profundamente proselitista de este discurso, o carece de discernimiento o elige ignorarlo deliberadamente. El mensaje, lejos de ser un “saludo” (como dijo el Ministro De La Gasca), fue un vulgar intento de vincular el «resurgir del país» a la candidatura de Noboa, un acto de campaña que vulnera las normativas vigentes y demuestra un total desprecio por la equidad del proceso electoral.
Antes de su intervención, los simpatizantes de Noboa comenzaron a llegar a la Plaza de la Independencia desde antes del mediodía, aglomerándose a los pies de Carondelet. A muchos de ellos se les distribuyó casualmente los «Noboa de cartón», popularizados durante las elecciones presidenciales anticipadas de 2023. Este montaje ya dejaba en claro el intento de vincular el acto público con la campaña electoral.
Desde el Palacio de Carondelet, Noboa proclamó: «[…] todos ustedes, junto a este Gobierno, lograrán que en cinco semanas el país resurja». Con esta declaración, no solo vinculó el resurgimiento del país a su candidatura, sino que también presentó la continuidad de su administración como algo intrínsecamente ligado a las elecciones que se celebrarán en ese plazo.
Además, incitó a sus seguidores a brindar un apoyo electoral activo, afirmando: «Para eso debemos estar vigilantes, debemos estar muy atentos a todo lo que está sucediendo… es una lucha histórica, es una lucha única, y nosotros, en cinco semanas, venceremos. Y para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes; necesitamos también una Asamblea que apoye, en lugar de poner trabas, a cada uno de los proyectos del Ejecutivo.»
Frases como «en cinco semanas venceremos» y «para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes» promueven su candidatura y favorecen a su partido en las elecciones para la Asamblea, constituyendo una clara inducción al voto que denigra la integridad del proceso electoral.
Particularmente controvertida fue su exhortación a «ponerse la camiseta», una expresión que, en este contexto, hace un llamado a la militancia activa y al apoyo incondicional hacia el Movimiento ADN, utilizando un discurso proselitista desde un bien inmueble público y respaldado por recursos estatales, como sistemas de audio y seguridad proporcionados por la Policía Nacional.
El uso del Palacio de Carondelet con fines proselitistas contraviene los artículos 278, numeral 3, y 279, numeral 5, del Código de la Democracia, que sancionan tanto la inducción al voto por parte de un servidor público, como el uso indebido de recursos públicos con fines electorales. A ello se suma el pronunciarse desde un bien público como el Palacio de Carondelet, lo que compromete la neutralidad de las funciones públicas durante el período electoral. Además, no solicitó la licencia sin remuneración, obligatoria según el artículo 93 del Código de la Democracia, lo que vulnera el principio de igualdad en la contienda y le otorga una ventaja indebida sobre otros candidatos.
El sistema político ecuatoriano está podrido hasta la raíz, enfrentando una crisis estructural profunda e insostenible: la partidocracia, que se manifiesta en la forma en que las infracciones electorales son gestionadas, o más precisamente, en cómo a menudo no se gestionan adecuadamente. Según el artículo 244 del Código de la Democracia, los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas y candidatos son los sujetos legitimados para presentar denuncias ante la autoridad electoral. Sin el respaldo de un partido, incluso las infracciones más graves tienden a quedar impunes, lo que refuerza un sistema en el que los actores políticos, alineados dentro de estructuras partidarias, se protegen mutuamente, perpetuando prácticas que favorecen la corrupción y la inequidad electoral.
Un claro ejemplo de esta dinámica es la denuncia presentada por el candidato presidencial Luis Felipe Tillería, del partido Avanza, Lista 8, quien alertó sobre las infracciones arriba mencionadas. A pesar de la gravedad de las denuncias, el juez del Tribunal Contencioso Electoral encargado del caso la archivó, argumentando que sólo los partidos políticos a través de sus representantes tienen la capacidad de presentar las denuncias correspondientes, según el artículo 244 del Código de la Democracia.
Este archivo no es una casualidad, sino el reflejo de un sistema putrefacto donde las estructuras partidarias determinan la viabilidad de las denuncias. En el caso aludido, el silencio del Presidente Nacional de Avanza, Lista 8, Javier Orti, frente a las infracciones del presidente-candidato Noboa refleja un desinterés por abordar la problemática y contribuye a consolidar un sistema que refuerza la partidocracia o la «dueñocracia» (el poder en las manos de los dueños de los partidos políticos). Del mismo modo, otros representantes de partidos permanecen igualmente en silencio.
Las decisiones políticas están descaradamente manipuladas por intereses partidistas, lo que socava por completo la transparencia en el proceso electoral. Este comportamiento perpetúa una cultura de impunidad, donde las infracciones se encubren y quedan sin castigo. Quien celebra este tipo de acciones se convierte en cómplice de la erosión del Estado de Derecho, contribuyendo activamente a la destrucción de los principios fundamentales de la democracia.
Si su silencio, burla o falta de indignación ante estos abusos nace de un interés por favorecer a una preferencia electoral, debe saber que está poniendo en riesgo la legitimidad de ese triunfo. No se engañe.
