
Guayaquil, Ecuador
No era ni de lejos el mejor de los tiempos y estaba cerca de ser uno de los peores, hubiera dicho Charles Dickens al ver el Ecuador de enero del 2000. Luego de una crisis financiera sin precedentes, el triunvirato de Lucio Gutiérrez, Antonio Vargas y Carlos Solórzano, había sustituido al ex presidente Mahuad. Negros nubarrones se cernían sobre el Ecuador la noche del 21 de enero de 2000 con una dictadura indigenista frente al país que tenía que enfrentar una dolarización que no tenía ni siquiera dos semanas de vigencia.
El Ecuador se acostó profundamente perturbado la noche del 21 de enero. Durante la madrugada los repartos militares se fueron pronunciando a favor de la sucesión constitucional y la mañana del 22 de enero el vicepresidente Gustavo Noboa entró a Carondelet y en uno de sus primeros decretos ratificó la dolarización.
Ver al movimiento indígena tomar posesión del Congreso Nacional y sentarse en las curules aterró a los diputados de aquel entonces, quienes haciendo un profundo acto de contrición prometieron respaldar al gobierno de Noboa en la implementación de la dolarización, que era todavía una niña neonata que había que enseñarle a andar. Y producto del consenso y bajo el liderazgo parlamentario del presidente del Congreso de entonces, Juan José Pons, se aprobó la ley llamada Trole 1, que reformaba profundamente el régimen monetario del Ecuador para adecuarlo a la dolarización.
Pero ésta era solamente una de las dos herramientas que se necesitaban. La otra era generar dólares, pues una dolarización sin dólares no funciona. Y se diseñó una ley llamada “promoción de la inversión y participación ciudadana” que se envió al Congreso, luego de una búsqueda amplia de consensos.
La ley -conocida como Trole 2- convertía al pueblo en accionista del Fondo de Solidaridad a fin de que sea beneficiario directo de los procesos de privatización; abría con amplitud la participación privada en el sector eléctrico; transformaba Petroecuador y sus filiales en sociedades anónimas para transparentar sus operaciones, las que eran y siguen siendo totalmente opacas; reformaba a fondo el Código del Trabajo; y, eliminaba el control militar en la aviación civil permitiendo la descentralización en favor de los municipios. Entre otros temas.
La luna de miel con el Ejecutivo terminó con esta ley. Sus normas eran tan revolucionarias que terminaron siendo inaceptables para el “establishment político”. Para todos, no solo para algunos. No la trataron en el plazo y entró en vigencia por mandato constitucional. Entonces, demandaron al Tribunal Constitucional de la época la total inconstitucionalidad de la ley.
El Tribunal de la época era un apéndice del Congreso Nacional. La mayoría parlamentaria se reflejaba en el tribunal. Había jueces que adherían a la Izquierda Democrática, al PSC, al MPD, a la DP y así sucesivamente. Dependían de los partidos. Y fue así que el Tribunal deshuesó la ley. Declaró inconstitucionales 23 artículos y eliminó palabras claves en la redacción de otros 15. Quedó lo de los aeropuertos dado que el alcalde de Quito era de la ID y el de Guayaquil del PSC, y ellos ayudaron a “salvar” esa parte de la ley, que ha resultado vital para la modernización de los aeropuertos de Quito y Guayaquil.
Pero la reforma laboral no se salvó. El concepto de “polifuncionalidad” que permitía a un trabajador desempeñar más de una tarea y mejorar su salario y su productividad; el alcance de la “remuneración total”; la limitación del pago de utilidades a $ 4.000 por trabajador; las limitaciones en el pago de las indemnizaciones por despido y/o visto bueno; las regulaciones a los miembros de la directiva del Comité de Empresa; las regulaciones sobre jubilación patronal; las regulaciones a los contratos colectivos; las limitaciones a la huelga; la contratación colectiva “libre” sin pasar por el Comité de Empresa; fueron declarados inconstitucionales.
Fue el primer intento serio de una flexibilización laboral que abortó por responsabilidad de la clase política representada en el Tribunal Constitucional. Por ello, cuando a los 25 años de la dolarización leo que Ecuador “no ha hecho la tarea” (El Universo, 11 de enero, página 6) y que parte de la mora es la necesidad de reformar el código del trabajo, bien vale la pena recordar lo que sucedió cuando la dolarización recién alumbraba y quienes fueron los responsables de sepultar un intento serio de promoción de inversiones, flexibilizar el mercado laboral y consolidar el dólar.
Aun así, y a pesar de sus enemigos, el dólar sigue siendo nuestra única barrera contra la hiperinflación y las macro devaluaciones que asolaron al país hasta el año 2000.
