El representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge, afirma en una entrevista con EFE que los procesos de paz del Gobierno con varios grupos armados no tienen necesariamente un impacto positivo en la protección de los derechos de la población civil.
«Estos procesos de diálogo no necesariamente tienen un impacto positivo en la protección de los derechos de las personas, de la población civil, y eso es un una preocupación muy grande», expresa Monge, que este lunes presentó en Bogotá el informe anual de 2024 sobre Colombia, elaborado por esa oficina.
Como ejemplo pone lo que ocurre en la región del Catatumbo, donde los combates entre dos grupos con los que el Gobierno negocia la paz -la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de los Bloques (EMB), una disidencia de las FARC– han dejado al menos 70 muertos y más de 50.000 desplazados desde el 16 de enero, según cifras del Ministerio de Defensa.
«Lo que hemos visto en los últimos meses en el Catatumbo es una prueba de ello», resalta el representante de ONU Derechos Humanos, que insistió en que a pesar de las dificultades considera que «la paz es el camino» y que esa oficina «apoya todos los procesos de diálogo y negociación que se puedan llevar a cabo».
Sin embargo, Monge advierte que si «estos procesos no tienen como punto de partida y como objetivo principal la garantía y la protección de los derechos de la población civil, no están ayudando mucho».
«Y esto significa que tiene que haber una presencia del Estado robusta, no solamente fuerza militar, sino también la oferta general del Estado colombiano para permitir que estos derechos de la población puedan ser garantizados. Es responsabilidad del Estado», afirma.
Desde que llegó al Gobierno, en agosto de 2022, el presidente colombiano, Gustavo Petro, puso en marcha la política de ‘paz total’ con la que busca negociar la paz o el sometimiento a la justicia de los principales grupos armados, esfuerzos que han ido naufragando por el recrudecimiento del conflicto en distintas regiones.
Grupos armados
El informe presentado este lunes señala que en Colombia hubo 72 masacres en 2024, que dejaron 252 víctimas mortales, lo que supone una disminución del 27 % con respecto a la cifra informada en 2023.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. en Colombia también recibió 191 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos el año pasado, de los cuales pudo verificar que en 89 casos había un vínculo entre la muerte y la labor de la víctima mortal.
«Cuando digo verificar es que nosotros no tenemos el universo de cifras, son datos que son importantes, son resultado de nuestra observación directa y cuando decimos que son verificados es que se cumplen dos condiciones: Uno, que la persona era defensora de los derechos humanos, y dos, que pudimos establecer una conexión entre la muerte de esta persona y la actividad de defensa de los derechos humanos», explica Monge.
Sin embargo, una de las cifras más preocupantes que revela el informe es la de reclutamiento de menores por los grupos armados ilegales, pues este organismo verificó 216 casos, de los cuales 118 son niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.
«Esto significa un aumento importantísimo frente a los años anteriores. Hemos hablado más o menos de 600 casos que ha verificado la oficina en los últimos años. Esto sí es una preocupación», afirma.
El problema del reclutamiento y el uso de niños, niñas y adolescentes por estos grupos armados es que estos menores están «expuestos a múltiples tipos de violaciones, que no excluyen violencia sexual, el uso con fines sexuales y otros tipos de violaciones».
«Y esto no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, también la Oficina ha podido verificar claramente en diferentes partes del país que hay una persistencia de violencias de género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado», explica.
Monge manifiesta además que «hay grandes preocupaciones y tienen que ver con el impacto, la presencia territorial de grupos armados no estatales en diferentes partes del país y cómo eso se traduce en diferentes violaciones de derechos humanos».
Estos grupos armados «infringen el derecho internacional humanitario y tienen una afectación muy negativa en la población civil», concluye. EFE (I)