La ex accionista de Granasa, la empresa editoria de los diarios Expreso y Extra, Ingrid Martínez Leisker ha denunciado una “persecución sistemática” por parte de la Superintendencia de Compañías, Luis Cabezas Klaere, a quien ha acusado en una carta dirigida a él, de ser parte de un «contubernio» para apoderarses del 40% de las acciones de dicha empresa.
Ingrid Martínez Leisker es hija del fundador de la empresa, Galo Martínez Merchán, y hermana de Galo Martínez Leisker, actual presidente de Granasa y director del diario Expreso. Ingrid Martínez heredó el 40% de las acciones de la empresa, y en su carta revela que, debido a la persecución judicial en su contra, ha vendido su parte accionaria a su sobrino, José Gabriel Martínez Castro, hijo del Galo Martinez Leisker.
Expreso ya ha acusado al Superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, de ser el ejecutor de una estrategia del gobierno del presidente Daniel Noboa para controlar el contenido editorial del diario.
En su carta a Cabezas, Ingrid Martínez relata que en diciembre de 2025, la Superintendencia de Compañías ordenó la reversión de una transferencia de sus acciones en Granasa (el 40% del paquete accionario), desde de una compañía de su propiedad, llamada Veranera, hacia sí mismo; transferencia que había tenido lugar cinco años antes, en febrero de 2020, sin haber sido nunca impugnada por ningún motivo.
Ingrid Martínez denuncia que el superintendente Luis Cabezas ha expresado que la compañía Veranera, de su propiedad y que se encuentra en disolución, supuestamente mantiene obligaciones pendientes y que las acciones de Expreso deben ser rematadas para cubrir dichas obligaciones. Por lo que la mujer demanda que el Superintendente precise ¿cuál es el monto exacto de esa supuesta deuda y quién es su acreedor?
Martínez exige que la Superintendencia entregue de forma oficial y documentada esa información para poder pagar dichas deudas, que hasta ahora ella desconoce. Expresa también su disposición de cancelar cualquier obligación legítima que pueda comprobarse.
Y agrega que de no demostrarse la existencia y cuantía de esa supuesta deuda, quedaría en evidencia que de que lo se trata de un «intento de apropiación indebida de acciones privadas», desde el cargo de Superintendencia de Compañías, y «en contubernio con el liquidador», un señor Cadena Asencio, en un contexto de abuso de poder».
