Con tres votos a favor de Diana Atamaint, José Cabrera y José Merino, más la abstención de Elena Nájera, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la eliminación definitiva de Unidad Popular y Construye del registro nacional de organizaciones políticas.
La decisión fue aprobada mediante tomar en cuenta informes técnicos que recomendaron su cancelación, luego de varios intentos previos sin éxito.
La sesión se instaló y desarrolló únicamente con cuatro vocales del CNE. El vicepresidente del organismo, Enrique Pita, y la consejera Esthela Acero no participaron en la toma de esta decisión.
El debate dentro del CNE
El debate dentro del pleno del Electoral estuvo marcado por discrepancias entre los consejeros. El vocal José Merino defendió la cancelación argumentando que el Estado no puede permitir la entrega de dineros públicos procedentes del fondo de promoción electoral a organizaciones que incumplen la normativa, a las cuales calificó como «estructuras vacías y de cascarón».
De su lado, Elena Nájera rechazó los informes técnicos por considerarlos carentes de pruebas reales sobre las desafiliaciones y advirtió que la resolución era extemporánea, lo que podría acarrear responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano por vulnerar los derechos de participación.
En el caso de Unidad Popular, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero suplente José Merino votaron a favor de la cancelación. En cambio, Elena Nájera y José Cabrera se opusieron inicialmente. Luego, tras un pedido de reconsideración, ambos cambiaron su postura y se abstuvieron.
Con la resolución adoptada, Unidad Popular y Construye quedan fuera del registro electoral para los comicios del 29 de noviembre de 2026, siempre que el TCE confirme la medida. Esta decisión reconfigura el escenario político, mientras otras organizaciones avanzan en alianzas y en la definición de candidaturas.
Esta decisión se toma a 217 días de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026. Previamente, las agrupaciones afectadas movilizaron a sus simpatizantes argumentando que esta resolución representa un intento político para silenciarlas e impedir su participación. (I)