La audiencia de juzgamiento por el caso judicial ‘Sinohydro’ se instaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en la ciudad de Quito, donde se investigará al expresidente de la República Lenín Moreno (2017-2021), y a otras 20 personas acusadas, que incluyen a su esposa y a su hija.
El caso ‘Sinohydro’ investiga el presunto delito de cohecho realizado durante la construcción de la planta hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía mantiene que, durante este periodo, diversos funcionarios cobraron 76 millones de dólares en sobornos a la empresa china Sinohydro. Este lapso de tiempo coincide con la administración del entonces presidente Rafael Correa, en la que Moreno era vicepresidente. En este proceso también será juzgado Eduardo Carmigniani, exabogado de Conto Patiño, amigo del exmandatario y lobista de Sinohydro.
Foto: API/Rolando Enríquez.
Moreno, quien residía fuera del Ecuador, regresó al país el pasado miércoles para comparecer ante la Justicia. El exmandatario declaró que su asistencia a la audiencia representa un gesto de «buena fe».
El juicio inició formalmente después de que se confirmó la presencia de los 21 acusados (de manera presencial, telemática o representados por sus abogados). Uno de los juristas presentes, el abogado de María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías Carmigniani, Eduardo Ballesteros, solicitó el diferimiento de la audiencia considerando una supuesta falta de imparcialidad objetiva. El pedido descartado tras un corto periodo de deliberación.
En su alegato de apertura, el fiscal Carlos Alarcón señaló a la empresa Recorsa, representada por Conto Patiño, fue utilizada como fachada para receptar los sobornos de Sinohydro. Los núcleos familiares de Moreno y Patiño habrían estado involucrados en el movimiento de millones de dólares en fondos ilícitos. En el caso de la familia del expresidente, se habría receptado cerca de 1,1 millones dólares. El entorno de Patiño, que incluye tanto a familiares como a sus abogados, habría recibido más de 58,8 millones de dólares en coimas.
El abogado de Lenín Moreno y sus familiares, David Meza, sostiene que el exfuncionario, al ser vicepresidente durante el periodo en el que se cometió el presunto cohecho, no tuvo funciones relacionadas al sector energético. «Nunca pudo haber tenido influencia», dijo. «Ni tuvo el dominio del hecho ni poder de decisión en el contrato. Todo esto es una narrativa política». Meza también afirmó que el dinero recibido por Rocío González e Irina Moreno, la esposa y la hija del expresidente, fue recibido de forma lícita y después de que se habría cometido el supuesto cohecho (entre 2008 y 2018). (I)