Refugiados Sin Fronteras y otras ONG de derechos humanos pedirán a la Comisión Europea con 10.000 firmas que impida la entrada de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en España con motivo de la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre en Madrid.
Por ahora se han recogido 9.300 firmas en España y otros países europeos, con el objetivo de reunir 10.000 y presentarlas el jueves próximo en la representación de la Comisión Europea en España y simultáneamente en la sede central de Bruselas, explicó a EFE el presidente de Refugiados Sin Fronteras, el venezolano exiliado Sergio Contreras.
También se pide que la Unión Europea no levante las sanciones que impuso a Rodríguez por la «comisión de crímenes de lesa humanidad». Según Contreras, ella estaba «dentro de la cadena de mando» del chavismo como vicepresidenta de la República hasta enero pasado, cuando los EE.UU. apresaron al presidente Nicolás Maduro.
Igualmente, los firmantes demandan que la Unión Europea, y el Parlamento Europeo en concreto, «pueda escuchar a las víctimas» de abusos de los derechos humanos antes de cualquier decisión sobre levantar eventualmente esas sanciones, como «detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, degradantes, inhumanos y desaparición forzada».
«Es fundamental que los cuerpos legislativos y que los organismos internacionales escuchen de viva voz a las víctimas para que puedan tomar decisiones de acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados», adujo Contreras.
Y que se evalúe si la entrada de Rodríguez en España «pudiese constituir una violación del sistema europeo de derechos humanos y el sistema jurídico europeo». Así como que la Comisión Europea se pronuncie sobre la «pertinencia legal» de que el Gobierno español la invite a esa cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos.
«En todo caso -subrayó Contreras-, para nosotros es fundamental que una persona que representa a un régimen que ha violentado derechos humanos no pueda ingresar, estando sancionada, al territorio español».
Él mismo, aseguró, fue detenido arbitrariamente, torturado, juzgado militarmente, aun siendo civil, y encarcelado, hasta que pudo salir por la «intermediación de representantes internacionales».
Lleva ocho años en España, recordó, donde el Gobierno le concedió protección internacional con el estatus de «refugiado», como a su esposa e hijos. EFE (I)