Guayaquil, Ecuador
La Junta Cívica de Guayaquil tuvo su antecedente en la llamada “Junta Cívica del Sesquicentenario” que se creó a instancias de ese incansable luchador guayaquileño que fue Julio Estrada Icaza. En 1968 con el objeto de celebrar adecuadamente los 150 años de independencia de la ciudad, a cumplirse en 1970, Julio Estrada y otros ciudadanos crearon esta “Junta Cívica” que reivindicaba, básicamente, la incansable pelea de Guayaquil contra el centralismo.
Lamentablemente Velasco Ibarra se proclamó dictador en junio de 1.970, luego vino la dictadura militar de Rodríguez Lara y los esfuerzos naufragaron. La Junta Civica “del Sesquicentenario” se transformó en el Archivo Histórico del Guayas donde Julio Estrada y luego José Antonio Gomez Iturralde lucharon por preservar la memoria histórica de la provincia. Hasta 1992 en que la Junta Cívica de Guayaquil se creó como una persona jurídica de derecho privado, la que subsiste hasta la fecha.
La creación de la Junta Cívica coincidió con el advenimiento a la alcaldía, a partir del 10 de agosto de 1992, de León Febres Cordero.
Febres Cordero, luego de anunciar a los pocos días que “se habían llevado hasta el sillón de Olmedo”, cerró el Municipio, despidió 2.000 “pipones” y empezó una restructuración de la administración municipal que contó con el apoyo de toda la ciudadanía.
En los ocho años de la administración municipal de Febres Cordero, y luego en los 19 años de la alcaldía de Jaime Nebot, las causas cívicas se identificaron con la administración política de la ciudad. Los dos alcaldes socialcristianos tenían una alta aprobación popular y existía un “depósito de confianza” mayoritario de los guayaquileños en ambos funcionarios. De tal manera que la Junta Cívica se adhirió al trabajo de la Alcaldía y colaboró estrechamente con las administraciones municipales, lo que trajo como consecuencia un trabajo conjunto de las alcaldías y las diferentes entidades autónomas guayaquileñas creadas para trabajar por la ciudad tanto en lo cívico como en las áreas de salud, educación y demás.
Floreció Guayaquil. Se recuperó la autoestima del ciudadano. La ciudad era segura y atrajo turistas que antes de ello no pisaban Guayaquil. Se remodeló el aeropuerto luego de un trabajo generoso y conjunto entre el gobierno de Gustavo Noboa y la administración municipal, dejando de lado distanciamientos políticos. Y así. Y así también hemos llegado hasta ahora.
Sin entrar a analizar las causas vivimos en un entorno urbano donde Guayaquil tiene a su alcalde detenido, a su prefecta renunciada y al alcalde de Durán despachando por zoom debido a que no puede entrar a su despacho por miedo a que lo maten. Así de sencillo.
Y en medio de todo esto se da la convocatoria a una asamblea de la Junta Cívica de Guayaquil para conocer la renuncia del Dr. Miguel Palacios Frugone, que dirigió la Junta Cívica desde al año 2010 hasta el 20 de mayo de 2026.
Dieciséis años. Le tocó lidiar con el correísmo, que despreció las causas cívicas de la ciudad y particularmente el trabajo de la Junta. Dura época. Pues bien, ahora se ha producido un relevo. El actual presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista Miguel Ángel González ha sido elegido para presidir la Junta Cívica en estos tiempos de tribulaciones casi bíblicas donde la ciudad se debate entre la inseguridad, su desordenado crecimiento y la diáspora de la clase empresarial y profesional al área de Samborondón.
La nueva Junta Cívica tiene un desafío enorme. Desde tratar de conseguir que se vuelva a enseñar cívica en las escuelas hasta -tal vez- proponer un nuevo modelo de desarrollo urbano y administrativo para “el gran Guayaquil”.
La ciudad no aguanta más. Es necesario estudiar seriamente la posibilidad de constituir un “conurbano” entre los tres cantones contiguos. La actual constitución, muy mala sin duda, tiene un buen capítulo que no se lo ha usado para nada: el de la “organización del territorio” y los “gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales”.
Ahí se encuentra la posibilidad de constituir un “distrito metropolitano” (art. 247) entre varios cantones vecinos. De paso, el art. 256 le da al Alcalde metropolitano la posibilidad de ser parte de “gabinetes territoriales de consulta” que deben ser convocados por el presidente de la república.
Creo que solo una institución independiente, apolítica, dedicada justamente a recuperar el civismo, puede agrupar profesionales con conocimiento del tema como para analizar un proyecto y presentárselo a los ciudadanos. Las alcaldías no lo pueden hacer. La polarización política en que vivimos hará que cualquier iniciativa sea rechazada por la “oposición” de turno. En cambio, si la iniciativa sale de estudios bien hechos por instituciones independientes, es posible que se cuente con el respaldo político necesario.
El directorio de la nueva Junta Cívica, elegido por unanimidad de sus miembros en una sesión que contó con presencia numerosa, tiene, como ya hemos dicho, un enorme desafío: resurgirla como el Ave Fénix para bien de la ciudad. De lo contrario la próxima asamblea no tendrá el mismo quórum.