El precio del oro registró una leve caída de 0.74%, tras la revalorización de ayer de 0,84, y ha quedado en 4.435 dólares la onza, manteniendo el tono positivo que ha caracterizado al metal precioso en los últimos años. El movimiento se produce en un contexto de demanda sostenida como activo de refugio, compras de bancos centrales y preocupaciones macroeconómicas que siguen impulsando las cotizaciones.
La revalorización del oro no es un fenómeno aislado de una sola sesión. Desde finales de 2022 y con mayor claridad a lo largo de 2023 y 2024, el metal ha mantenido una trayectoria predominantemente alcista. En ese periodo, el precio pasó de cotizar en torno a los 1.600-1.700 dólares la onza a superar de forma reiterada los 2.000 dólares y, posteriormente, a establecer nuevos máximos históricos. La tendencia se ha visto respaldada por varios factores estructurales.
En primer lugar, los bancos centrales de economías emergentes —especialmente China, India, Turquía y varios países de Oriente Medio— han incrementado de manera significativa sus reservas de oro. Estas compras reducen la oferta disponible en el mercado y envían una señal de desconfianza relativa hacia el dólar como único activo de reserva. En segundo lugar, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica global elevan la demanda de activos refugio. El oro, a diferencia de las divisas fiduciarias, no puede ser impreso ni devaluado por decisión política, lo que lo convierte en una cobertura frente a la inflación y a posibles crisis de deuda.
A ello se suma el entorno de tipos de interés reales. Cuando los rendimientos de los bonos soberanos, ajustados por inflación, se mantienen moderados o negativos, el coste de oportunidad de mantener oro disminuye y su atractivo aumenta. La debilidad relativa del dólar en determinados periodos también ha favorecido al metal, cotizado en esa divisa. El resultado es una tendencia alcista que se sostiene no solo por factores cíclicos, sino por cambios más profundos en la composición de las reservas internacionales y en la percepción de riesgo de los inversores.
Ecuador, compañías formales y el problema de la minería ilegal
Ecuador participa en este mercado como productor y exportador de oro. Las exportaciones del metal representan una fuente relevante de divisas, aunque el volumen formal sigue siendo limitado en comparación con grandes productores regionales. La mayor parte de la producción legal proviene de operaciones a escala industrial y de pequeña minería regulada.
Entre las compañías que explotan oro de forma formal destaca Lundin Gold, que opera el proyecto Fruta del Norte, una de las minas de oro más importantes del país y un referente de inversión extranjera en el sector. Otras empresas, tanto nacionales como extranjeras, desarrollan proyectos de exploración y explotación a menor escala bajo el marco legal vigente. Estas operaciones generan empleo, pagan regalías e impuestos, y están sujetas a controles ambientales y de seguridad.
Sin embargo, la minería ilegal constituye un problema grave y persistente. En zonas de la Amazonía y en provincias como Zamora Chinchipe, Esmeraldas y Napo, grupos al margen de la ley extraen oro sin permisos, utilizando mercurio y técnicas que contaminan ríos y suelos.
Esta actividad se ha vinculado en los últimos años a organizaciones criminales que controlan territorios, financian otras actividades ilícitas y generan violencia. El Estado ha intensificado operativos de control, pero la informalidad, la porosa frontera y las dificultades de acceso a zonas remotas dificultan una erradicación completa.
La coexistencia de un sector formal que aporta a la economía con una minería ilegal que genera daños ambientales y sociales resume el dilema actual de Ecuador frente al auge del oro. Mientras el precio internacional se mantiene firme y la tendencia alcista se consolida, el país enfrenta el reto de formalizar la producción, atraer inversión responsable y combatir con mayor eficacia las extracciones clandestinas que erosionan tanto el medio ambiente como la seguridad.
