La Fiscalía General del Estado expuso una presunta red criminal dentro del denominado Caso Laberinto. Según la hipótesis del Ministerio Público, empleados públicos de la Alcaldía de Guayaquil habrían actuado como «mulas financieras» para efectivizar fondos destinados a campañas políticas. Los recursos habrían sido utilizados para financiar ilegalmente de manera proselitista el binomio del movimiento Revolución Ciudadana en las elecciones presidenciales de 2023.
De acuerdo con las indagaciones fiscales, la trama operaba bajo dos modalidades principales. El primer mecanismo consistía en transferencias bancarias directas realizadas desde la empresa de combustibles Ternape S.A.—propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos—hacia proveedores de publicidad electoral. La segunda vía investigada se ejecutaba a través de la emisión de cheques al portador desde las cuentas de la misma compañía.
La Fiscalía argumenta que estas órdenes bancarias permitían transformar los recursos empresariales en grandes cantidades de dinero en efectivo. El dinero líquido era posteriormente cobrado por funcionarios municipales que servían como intermediarios o «mulas» financieras. Este capital en efectivo terminaba destinándose al pago de brigadistas, camisetas, movilización y logística electoral del binomio integrado por Luisa González y Andrés Arauz.
La vinculación de personal público se considera un agravante del presunto delito de lavado de activos. Entre las personas señaladas consta una exfuncionaria de la municipalidad que laboraba en la alcaldía durante el periodo electoral de 2023. Por el momento, la instrucción fiscal por este caso continúa en desarrollo mientras las autoridades rastrean transacciones inusuales y aportes que no constan en los reportes oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). (I)
