Las lluvias que acompañan al fenómeno de El Niño siguen saturando la costa ecuatoriana. En Guayaquil, Machala, sectores de Manabí y Esmeraldas, el agua permanece en calles y campos después de los aguaceros de los últimos días. Los ríos desbordados y la acumulación de agua ya no son episodios aislados; forman parte de un patrón que comenzó a intensificarse en septiembre y que, según los modelos, todavía no ha alcanzado su punto máximo.
Hasta el 25 de octubre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabilizaba 30.534 personas impactadas, tres fallecidos, más de 7.600 viviendas afectadas y cerca de 20 destruidas.
Las provincias de Esmeraldas y Guayas concentran la mayor parte de las afectaciones. Estos números miden el impacto humano y material inmediato, pero el costo económico es más difícil de fijar porque las pérdidas se distribuyen entre cultivos que aún no se han evaluado por completo, interrupciones de cosecha y daños a infraestructura que siguen en proceso de cuantificación.
En el sector agrícola, el golpe más concreto registrado hasta ahora corresponde a la caña de azúcar. La saturación de los suelos obligó a suspender la zafra en varios ingenios. El Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Azucareros estimaron pérdidas de hasta 60,8 millones de dólares, equivalentes a unas 109.410 toneladas de azúcar que no se procesarán.
Más de 20.000 hectáreas quedaron sin cosechar porque la maquinaria no puede entrar a los campos anegados. El sector ha solicitado la apertura de cupos de importación para cubrir el déficit interno.
Suelos saturados
En el arroz, las proyecciones de riesgo —no de daño ya cerrado— hablan de posibles mermas de alrededor de 785.000 toneladas en escenarios extremos, con un valor estimado cercano a 684 millones de dólares.
El banano y el cacao también enfrentan suelos saturados, mayor presión de enfermedades y dificultades de transporte, aunque todavía no hay cifras consolidadas de pérdida para estos cultivos.
No existe, a esta fecha, una cifra oficial única de pérdidas económicas totales. Las autoridades y los analistas trabajan con escenarios. El Banco Central del Ecuador estima que un El Niño fuerte podría restar hasta 1,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2027, lo que equivale a unos 1.825 millones de dólares, principalmente por menores exportaciones no petroleras, inflación de alimentos y reducción de inversión y consumo.
La CEPAL ubica el impacto de un evento extremo en un rango que puede llegar a 4,4 puntos del PIB. El antecedente de 1997-1998, de aproximadamente 2.900 millones de dólares en valores de la época, sirve de referencia histórica, aunque las condiciones actuales de infraestructura y cobertura de seguros son distintas.
El Gobierno ha asignado un presupuesto interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción de riesgo y respuesta. Esa suma no cubre las pérdidas productivas ya materializadas ni las que podrían acumularse si las lluvias continúan con intensidad durante noviembre y diciembre.
Mayor intensidad
Los modelos de la OMM y del INOCAR indican que El Niño alcanzará su mayor intensidad oceánica entre octubre y diciembre de 2026, con posibilidad de que las precipitaciones en la costa se mantengan elevadas al menos hasta el primer trimestre de 2027.
Si ese escenario se confirma, las interrupciones de cosecha, el deterioro de vías rurales y el incremento de costos logísticos seguirán sumando presión sobre los balances de productores, transportistas y cooperativas de crédito, especialmente en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí.
La economía ecuatoriana ya arrastra un déficit fiscal proyectado y una dependencia alta de las exportaciones agrícolas. Cada semana adicional de lluvias intensas amplía la brecha entre la producción esperada y la efectivamente disponible para el mercado interno y la exportación.
Hasta ahora, las cifras más precisas corresponden a la caña de azúcar. El resto permanece en el terreno de las proyecciones de riesgo. El tamaño final de las pérdidas al 31 de diciembre dependerá de la intensidad y la distribución de las lluvias en las próximas seis a ocho semanas, y de la capacidad de respuesta de los sistemas de drenaje, de los productores y de las instituciones.
