La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe clave que alerta sobre incrementos patrimoniales injustificados en 95 alcaldes y prefectos del país, ordenando remitir los expedientes a las máximas autoridades de control. La decisión, consolidada este martes 27 de octubre de 2026, marca el cierre de una investigación fiscalizadora orientada a la transparencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Alertas bajo «semáforo» financiero
El documento definitivo, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, analizó la evolución de los bienes de las autoridades seccionales y determinó inconsistencias severas estructuradas bajo un sistema de alertas:
- Alerta Roja: 41 autoridades registran variaciones patrimoniales contundentes que no guardan relación con sus ingresos legítimos.
- Alerta Naranja: 54 mandatarios locales muestran un patrimonio incompatible con sus perfiles de funcionarios públicos.
- Alerta Verde y sin novedades: El resto de los investigados presentaron fluctuaciones menores subsanables o expedientes limpios.
Votación y debate político
La resolución se adoptó con 83 votos a favor, provenientes principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y asambleístas independientes. Por el contrario, las bancadas del correísmo (Revolución Ciudadana), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik votaron en contra, argumentando una supuesta falta de competencia del Legislativo para auditar directamente a los municipios y prefecturas.
Nombres bajo estricta reserva por coyuntura electoral
Para evitar interferencias en el escenario político o vulnerar el debido proceso, las identidades de los 95 funcionarios se mantendrán bajo estricto anonimato mediante el uso de códigos codificados. El legislador Cristian Benavides, presidente de la comisión encargada, admitió que al coincidir este proceso con la antesala de los comicios seccionales, la confidencialidad busca proteger la presunción de inocencia y mitigar el uso de los hallazgos como herramientas de campaña electoral.
Próximos pasos judiciales
La resolución estipula el traslado inmediato de todos los expedientes con indicios de irregularidades a las siguientes instituciones del Estado:
- Fiscalía General del Estado, para determinar responsabilidades de carácter penal ante posibles delitos de enriquecimiento ilícito.
- Contraloría General del Estado, con la finalidad de iniciar auditorías gubernamentales específicas.
- Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el SRI, para cruzar información económica y rastrear posibles redes de testaferrismo que involucren al entorno familiar de las autoridades.
La Asamblea Nacional concluyó su informe extendiendo una recomendación urgente para que las bases de datos de control financiero se interconecten, subsanando la actual falta de coordinación entre los entes de control y agilizando la detección de corrupción en el sector público. (I)
