El río Coca vuelve a marcar el ritmo de la incertidumbre en Ecuador. En la zona de captación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el agua fluye con cuentagotas y una carga constante de sedimentos. Su aporte al Sistema Nacional Interconectado ha caído de manera drástica, oscilando en cotas reducidas de entre el 22% y el 35% de la demanda nacional diaria, con momentos de entrega que apenas superan los 350 megavatios.
La gigantesca obra de ingeniería, pensada para ser el motor energético del país, opera hoy a merced de un estiaje severo y una turbiedad que obliga a pausar sus máquinas para evitar daños irreparables.
Ante el debilitamiento de Coca Codo, la mirada del Operador Nacional de Electricidad (CENACE) se dirige de inmediato al austro ecuatoriano. Allí, el embalse de Mazar actúa como el verdadero marcapasos de la crisis.
La central se mantiene en funcionamiento, pero bajo un régimen de estricta racióm: sus turbinas se encienden solo en las horas de mayor demanda o cuando la generación en el Oriente colapsa.
La cifra que quita el sueño a los técnicos es un número directo e implacable: el nivel del embalse se encuentra a apenas ocho metros de su cota crítica de seguridad, fijada en los 2.115 metros sobre el nivel del mar. Cruzar ese límite obligaría a apagar Mazar para evitar que los lodos destruyan las turbinas, lo que desencadenaría un efecto dominó sobre el resto del complejo Paute Integral.
Parque termoeléctrico
Para evitar que el embalse caiga a ese punto de no retorno, el parque térmico nacional ha sido empujado a trabajar al límite de su capacidad. Las plantas de generación a gas y combustible operan de forma continua para aportar cerca de 1.000 megavatios a la red.
Sin embargo, la infraestructura muestra los signos del agotamiento: la maquinaria antigua exige mantenimientos no programados y la logística de abastecimiento de diésel se encuentra sometida a una tensión inédita.
Aunque Petroecuador mantiene las importaciones y la carga en terminales, la masiva demanda del sector eléctrico y de miles de generadores privados provoca severos cuellos de botella en la distribución terrestre, dejando a estaciones de servicio en varias provincias al borde del desabastecimiento.
Desde el exterior, el auxilio es escaso. La interconexión con Colombia apenas aporta flujos mínimos e intermitentes, lejos de los 450 megavatios que permite la línea técnica, debido a que el vecino país enfrenta sus propios rigores climáticos y prioriza el resguardo de sus reservas.
En este escenario de escasez, el impacto más severo de la crisis recae directamente sobre el aparato productivo. Para proteger los hogares y los servicios básicos de apagones masivos, el Gobierno ha volcado el peso del racionamiento sobre el sector industrial, imponiendo desconexiones drásticas que alcanzan hasta 96 horas continuas en los bloques de alto y mediano voltaje.
Entre costos disparados por la autogeneración a diésel, cadenas de frío comprometidas y líneas de ensamblaje paralizadas, la industria nacional soporta la parte más dura de un choque eléctrico cuyo desenlace sigue dependiendo, en última instancia, de las lluvias que se resisten a caer sobre las cuencas del país.
