El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto ejecutivo que faculta a las instituciones del sistema financiero nacional a implementar mecanismos de alivio económico orientados a los ciudadanos y empresas perjudicados por los impactos climáticos del fenómeno de El Niño.
La medida, de carácter temporal y extraordinario, busca mitigar la carga financiera en las zonas más golpeadas por el temporal. El documento presidencial señala explícitamente que las entidades de los sectores financiero público, privado, así como de la economía popular y solidaria, quedan autorizadas para postergar el cobro de las obligaciones crediticias de sus deudores afectados.
Plazos y condiciones del beneficio
De acuerdo con las directrices oficiales, el aplazamiento de las deudas se estructurará bajo los siguientes parámetros:
- Periodo máximo: Las instituciones bancarias y cooperativas podrán conceder un diferimiento de hasta noventa (90) días.
- Reubicación de cuotas: Los pagos correspondientes al periodo diferido se trasladarán directamente al final de la tabla de amortización original del crédito.
- Sin penalizaciones: La aplicación de esta tregua financiera no generará recargos por mora ni intereses adicionales para el usuario.
Respuesta del sector financiero
Tras la oficialización de la normativa, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) confirmó que sus entidades miembro ya se encuentran monitoreando las regiones con mayor vulnerabilidad climática para anticipar las necesidades de los hogares y sectores productivos.
El gremio aclaró que, debido a que no se trata de un beneficio masivo ni con tasas unificadas, cada cliente deberá acercarse o comunicarse directamente con su entidad financiera para evaluar su nivel de afectación y pactar la reestructuración o refinanciamiento de forma personalizada.
Esta disposición legal complementa otras acciones estatales recientes frente a la emergencia climática, como la aprobación de un bono de reparación de vivienda por parte del COE Nacional. Las autoridades recordaron que el objetivo prioritario es resguardar la liquidez de los hogares dedicados al agro y el comercio minorista, actividades que históricamente sufren el mayor impacto económico por las inundaciones. (I)
